El Gobierno de Keir Starmer obligará a los directores de centros escolares a desmentir lo sucedido con las bandas de abusadores sexuales, según ha revelado una investigación del diario The Telegraph. Durante las sesiones de formación en protección infantil impartidas a miles de miembros de consejos escolares, se instruyó a los asistentes a considerar como «desinformación» cualquier referencia a grupos de hombres, «pertenecientes a una religión determinada», implicados en delitos sexuales contra mujeres y menores.

El curso, elaborado por la empresa GovernorHub —plataforma de gestión que utilizan cerca de dos tercios de las escuelas en Inglaterra—, fue calificado de «alarmante» y «vergonzoso» por varios parlamentarios. Según el material de formación, los gobernadores debían identificar ese tipo de denuncias como un «riesgo para la seguridad en línea», en lugar de tratarlas como posibles señales de abuso. El ejercicio proponía que los alumnos habían compartido un vídeo sobre esos supuestos crímenes, y pedía a los participantes que lo catalogaran entre opciones como «desinformación» o «teorías de la conspiración».

El escándalo ha estallado apenas dos años después de que la Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA) recomendara formación obligatoria en protección infantil para los consejos escolares, ante el temor de que muchas instituciones hubieran ignorado durante años indicios de abusos cometidos por redes organizadas. Los críticos aseguran ahora que este tipo de entrenamiento traiciona por completo esas recomendaciones, minimizando el problema en lugar de enfrentarlo.

Chris Philp, secretario del Interior en la sombra, denunció que el contenido de la capacitación «rebasa los límites de lo inaceptable». «Es indignante —dijo— que se enseñe a los gobernadores a catalogar lo que parece la descripción de una banda de violadores como una ‘teoría conspirativa’. Sabemos perfectamente que la mayoría de los agresores en estos casos eran de origen pakistaní. Llamarlo desinformación es exactamente el mismo mecanismo que permitió el encubrimiento del escándalo durante años».

Ante la polémica, GovernorHub retiró el cuestionario tras recibir consultas del Telegraph y pidió disculpas públicas. Un portavoz de la compañía reconoció que el ejemplo elegido «no fue apropiado», aunque defendió que la intención era evaluar si los gobernadores distinguían entre información errónea y contenido falso que circula en internet. La empresa anunció que se pondrá en contacto con los más de 5.000 responsables escolares que ya completaron el curso para comunicarles los cambios.