Distintos medios han encendido las alarmas tras la arbitraria maniobra impulsada por el primer ministro polaco Donald Tusk contra las legítimas autoridades del Tribunal Constitucional del país europeo, que ha terminado siendo intervenido la semana pasada. En ese sentido, el Ejecutivo prepara una lista de leyes para presentar ante el Tribunal Constitucional tras el controvertido control ejercido por la policía en el edifico de la máxima corte.

Así lo ha ratificado el jefe de la Cancillería del primer ministro, Jan Grabiec, quien afirmó que el Ejecutivo remitirá próximamente al tribunal casos «que conciernen a los polacos», como haría cualquier Gobierno normal.

Según una publicación de Remix News, en específico el Gobierno trabaja sobre asuntos que no han sido examinados por el Tribunal Constitucional durante casi 11 años. «Los jueces han demostrado que no son una máquina en manos del Gobierno. No sabemos qué harán primero, ellos tendrán que decidir», ha avanzado Grabiec sobre las posibles leyes que examinará el Tribunal, ahora intervenido por el Ejecutivo.

El martes ocho jueces elegidos en la actual legislatura del Parlamento polaco se reunieron en el Tribunal, aprobaron el presupuesto y realizaron un sorteo para adelantar procedimientos disciplinarios contra el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Para aprobar las mociones, la presidenta de la asamblea, Anna Korwin-Piotrowska, redujo el quórum requerido de diez a ocho jueces.

La toma de control del tribunal se llevó a cabo con la participación de policías antidisturbios equipados con cascos, escudos y porras, quienes han permanecido frente a la sede del tribunal desde la semana pasada. Días antes, Korwin-Piotrowska fue introducida en el edificio desde la Cancillería del primer ministro y se declaró jueza presidenta del Tribunal Constitucional en sustitución de Święczkowski.

La crisis ha agudizado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el presidente Karol Nawrocki, quien acusó a Tusk de ser responsable de «todas las actividades ilegales» en el tribunal y calificó los hechos de «un crimen contra la Constitución» y un error.