El Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, ha dado un paso sin precedentes al ordenar la apertura de diligencias penales contra asesores del presidente Karol Nawrocki, en un movimiento que la oposición califica ya de «ataque directo al equilibrio de poderes».

La decisión ha sido impulsada por el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, quien acusa al entorno del presidente de haber colaborado en un supuesto «abuso de poder» tras la toma de posesión parcial de magistrados del Tribunal Constitucional.

El origen del conflicto reside en la decisión de Nawrocki de tomar juramento únicamente a dos de los seis jueces designados por el Parlamento, al considerar que sólo esas vacantes correspondían a su mandato. Desde el Ejecutivo, sin embargo, sostienen que el presidente no tiene potestad para seleccionar qué magistrados deben asumir el cargo.

Desde la Presidencia han reaccionado con contundencia. El entorno de Nawrocki ha calificado las acusaciones de «ridículas» y ha denunciado un intento de criminalizar el asesoramiento político al jefe del Estado. «El presidente ha actuado dentro de la legalidad. Pretender perseguir penalmente a quienes le asesoran es incompatible con cualquier estándar de democracia liberal», han señalado desde su equipo.

En la misma línea, figuras vinculadas al partido conservador Ley y Justicia (PiS) han denunciado un «abuso escandaloso de poder» por parte del Ejecutivo, alertando de una deriva en la que el Gobierno utiliza la Fiscalía como herramienta política. El enfrentamiento se produce en el contexto de una disputa más amplia por el control del Tribunal Constitucional de Polonia, una institución clave en el equilibrio institucional del país.

El Gobierno de Tusk, que durante meses ha cuestionado la legitimidad del tribunal, ha tratado de reconfigurarlo tras no lograr una mayoría presidencial afín. La victoria de Nawrocki frustró ese plan, ya que cualquier reforma legislativa quedaría bloqueada por su veto.

Ante este escenario, el Ejecutivo optó por nombrar nuevos jueces para cubrir vacantes, pero la negativa del presidente a aceptar a todos ellos ha desencadenado el actual choque institucional. El pulso entre el Gobierno y la Presidencia revela una fractura profunda en el sistema político polaco, donde el control de las instituciones se ha convertido en el eje central de la confrontación.