El Gobierno laborista ha ordenado a la empresa tecnológica Apple que habilite una puerta trasera que permita a las autoridades británicas acceder a todos los datos almacenados en la nube por sus usuarios a nivel mundial, según han informado fuentes conocedoras a The Washington Post.
La solicitud, amparada por la Ley de Poderes de Investigación de 2016, conocida por sus detractores como la «Carta del Espía», obliga a las compañías tecnológicas a colaborar con las fuerzas de seguridad en la recolección de pruebas. Sin embargo, esta orden no sólo busca acceso a cuentas específicas, también la capacidad visualizar datos completamente cifrados. El incumplimiento de esta orden podría ser considerado un delito, y la ley prohíbe revelar la existencia de tales demandas.
Fuentes cercanas indicaron que Apple, en lugar de comprometer la seguridad prometida a sus usuarios, podría optar por retirar su servicio de almacenamiento cifrado del Reino Unido. Esta medida, no obstante, no satisfaría la exigencia del gobierno británico de acceso global a los datos, incluyendo los almacenados en Estados Unidos.
Apple tiene la opción de apelar esta orden ante un panel técnico secreto, que evaluaría el coste de implementación, y ante un juez que determinaría si la solicitud es proporcional a las necesidades gubernamentales. No obstante, la ley no permite a Apple retrasar el cumplimiento durante el proceso de apelación.
La controversia en torno a esta demanda ha generado preocupación entre los defensores de la privacidad. En 2016, Apple ya había rechazado colaborar con el gobierno estadounidense para desbloquear el iPhone de un terrorista fallecido en San Bernardino, California. Posteriormente, la empresa propuso escanear dispositivos en busca de material ilegal, pero esa iniciativa fue archivada tras duras críticas de expertos en seguridad y defensores de la privacidad.
