El Gobierno laborista británico estudia aumentar el dinero que paga por alquilar viviendas privadas destinadas a solicitantes de asilo con el objetivo de poder alojarlos también en zonas más caras y acomodadas del Reino Unido.

La medida forma parte de la estrategia del primer ministro Andy Burnham para repartir la presión del sistema de asilo por todo el territorio y evitar que los inmigrantes se concentren fundamentalmente en municipios humildes, donde los alquileres son más baratos.

En la actualidad, el Ministerio del Interior establece límites al precio que puede pagar por los inmuebles utilizados para alojar a solicitantes de protección internacional. El problema, según el Ejecutivo, es que esos topes hacen que buena parte de las viviendas contratadas terminen situándose en algunas de las zonas más desfavorecidas del país.

La solución que estudia ahora Downing Street pasa por elevar esos límites y permitir al Estado pagar alquileres superiores para instalar solicitantes de asilo en códigos postales más caros y localidades de clase media o alta.

Burnham quiere que las zonas más ricas «hagan su parte»

La iniciativa responde directamente a la posición expresada esta semana por Burnham, que sostiene que las comunidades con mayor poder adquisitivo deberían «hacer su parte» y asumir una proporción mayor del alojamiento destinado a solicitantes de asilo.

El primer ministro considera injusto que la mayor carga recaiga sobre localidades obreras o económicamente deprimidas simplemente porque cuentan con viviendas más baratas.

La política implica, sin embargo, una consecuencia evidente: el contribuyente podría terminar pagando alquileres más altos para alojar inmigrantes allí donde el precio de la vivienda sea superior.

El Gobierno sostiene que el sistema de alojamiento disperso mediante pisos y casas privadas continúa resultando considerablemente más barato que mantener a los solicitantes de asilo en hoteles.

Los propios datos oficiales muestran la enorme diferencia. El Ministerio del Interior calcula un coste medio de 23,25 libras por persona y noche en alojamientos dispersos, frente a unas 144 libras diarias por persona cuando se utilizan hoteles.

El sistema llegó a costar nueve millones de libras diarios en hoteles

La factura del alojamiento de solicitantes de asilo se ha convertido durante los últimos años en uno de los asuntos más controvertidos de la política británica.

En el momento de mayor utilización llegaron a estar operativos alrededor de 400 hoteles, con un coste aproximado para los contribuyentes de nueve millones de libras cada día, según cifras reconocidas en el Parlamento británico. El Gobierno laborista asegura haber reducido considerablemente esa dependencia.

A finales de junio permanecían en funcionamiento algo menos de 170 hoteles para solicitantes de asilo, frente al máximo cercano a 400. El número de personas alojadas en ellos también había descendido desde unas 56.000 en 2023 hasta aproximadamente 21.000.

Downing Street asegura además que la reducción del uso de estos establecimientos ha permitido ahorrar alrededor de 1.000 millones de libras desde las últimas elecciones generales. Pero el Ejecutivo no pretende resolver únicamente el problema cerrando hoteles.

Su alternativa combina viviendas privadas, grandes instalaciones y antiguas bases militares, mientras busca distribuir a los solicitantes de asilo de una manera territorialmente más homogénea.

Miles de solicitantes de asilo en antiguas instalaciones militares

El Gobierno también está avanzando con planes para instalar a 3.750 solicitantes de asilo en tres antiguos emplazamientos militares situados en Oxfordshire, Suffolk y North Yorkshire.

Los proyectos han generado oposición entre vecinos, diputados y responsables policiales, especialmente en pequeñas localidades donde la llegada de grandes cantidades de personas podría suponer un incremento considerable de la población en muy poco tiempo.

Algunas autoridades locales denuncian además que el Ejecutivo está acelerando los procedimientos y evitando que las decisiones dependan directamente de los ayuntamientos.

Burnham, por el contrario, insiste en que todas las partes del país deben asumir responsabilidad dentro del sistema nacional de asilo.