El PSD (Partido Social Demócrata) de Portugal permitió acceder al país a 120.157 inmigrantes sin verificar los antecedentes penales del país de origen, como prevé la ley. El programa de regularización automática, impulsado en 2023 por el entonces Ejecutivo socialista de António Costa, otorgó permisos de residencia a ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) sin requerir comparecencias presenciales ni comprobación documental detallada.
La medida, ahora desmantelada por el actual Gobierno, convirtió en autorizaciones legales miles de solicitudes previas conocidas como «manifestaciones de interés», muchas de las cuales no contaban con los documentos obligatorios. En algunos casos, según un análisis interno de la Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo (AIMA), los expedientes incluso contenían páginas en blanco o papeles falsificados que pretendían suplantar los certificados de antecedentes penales.
En total, 120.157 personas obtuvieron la residencia bajo este sistema automático, vigente entre 2023 y principios de 2024. Estas concesiones se hicieron sin comprobar si los solicitantes tenían condenas previas en sus países de origen, algo que exige la Ley de Extranjería (Ley 23/2007). Según el artículo 77 de esta normativa, los permisos sólo deben concederse a personas sin condenas por delitos que impliquen más de un año de prisión en territorio portugués.
Aunque el sistema sí cruzaba datos con la base de seguridad nacional —que recoge delitos cometidos en Portugal y alertas internacionales como las de Interpol o Europol—, no incluía información sobre antecedentes penales en los países de origen, lo que abría la puerta a la entrada legal de personas con historial delictivo fuera del país.
El actual Gobierno eliminó esta vía automática en febrero y ha ordenado a AIMA la revisión de todos los permisos concedidos bajo el esquema anterior. La nueva normativa exige que, en futuras renovaciones o sustituciones de estos títulos de residencia, se incluya el examen de antecedentes en el país de procedencia.
El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, calificó el mecanismo anterior como un «error grave del Ejecutivo socialista» y subrayó que se trató de «una muestra más de la negligencia en la gestión de la política migratoria». Según explicó, se instruyó a los servicios de inmigración para que apliquen controles más rigurosos a partir de ahora.
