Quién iba a decirlo: el mayor impulsor del soberanismo europeo ya no habla húngaro. Habla alemán. O, más exactamente, el idioma burocrático de Bruselas. Paradójicamente, cuanto más empeño pone Ursula von der Leyen en construir políticas comunes, más obliga a los gobiernos nacionales a hacer exactamente aquello que el soberanismo siempre les exigió: anteponer los intereses de su propio país.

La prueba no está en Budapest, sino en Atenas. Grecia mantiene bloqueado el 21.º paquete de sanciones contra Rusia, un paquete que afecta a 215 entidades rusas, entre ellas más de 90 bancos, porque considera inaceptable la prohibición de transportar gas natural licuado ruso hacia terceros países. No se trata de un detalle técnico. La marina mercante griega controla una parte sustancial del transporte mundial de GNL y Atenas sostiene que la medida apenas perjudicaría a Moscú, mientras entregaría ese mercado a competidores asiáticos. La Comisión pretendía cerrar el acuerdo antes del receso estival. Una semana después sigue empantanado.

Lo verdaderamente interesante no es Grecia, sino que Grecia ya no está sola. Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal y otros Estados han exigido excepciones, suavizaciones o la retirada de distintas medidas del mismo paquete porque afectan a sectores concretos de sus economías: desde el transporte marítimo hasta la industria pesquera, el turismo o la banca. Los diplomáticos europeos reconocen que nunca habían visto semejante acumulación de vetos y reservas en torno a un paquete de sanciones.

Parece otro de esos interminables rifirrafes europeos, pero no lo es. Es la prueba de que la política comunitaria está cambiando de naturaleza.

Durante tres décadas la integración europea repartía beneficios. Mercado único. Libre circulación. Ampliaciones. Fondos estructurales. Todos podían discutir cuánto aportaba cada uno, pero casi todos salían ganando. Ahora Bruselas ya no reparte beneficios. Reparte costes. Y cuando lo que se reparte son costes, cada gobierno empieza inevitablemente a calcular cuánto pierde su propio país.

La inmigración ofrece exactamente el mismo patrón. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo acaba de entrar en vigor con procedimientos acelerados de expulsión y la posibilidad de establecer centros de retorno fuera de la Unión. Sin embargo, antes incluso de desplegarse plenamente ya ha dividido a los socios. Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos impulsan esos centros como herramienta imprescindible para controlar los flujos migratorios, mientras otras capitales y organismos europeos cuestionan su encaje jurídico y rechazan asumir determinados mecanismos de solidaridad obligatoria. La discusión ya no consiste en si Europa necesita una política migratoria común, sino en quién soporta el coste político y económico de aplicarla.

Con el rearme sucede algo parecido. Todos los miembros de la OTAN aceptan que el gasto militar debe aumentar de forma drástica. El consenso desaparece un segundo después. ¿Dónde se construirán las nuevas fragatas? ¿Qué fábricas producirán la munición? ¿Quién recibirá los miles de millones de euros en contratos? ¿Qué industrias nacionales saldrán beneficiadas? Incluso la autonomía estratégica europea acaba convirtiéndose, llegado el momento, en una negociación entre intereses industriales nacionales.

Y el comercio empieza a recorrer el mismo camino. Las negociaciones con Estados Unidos sobre aranceles, regulación industrial y acceso a los mercados muestran diferencias crecientes entre una Alemania obsesionada por proteger sus exportaciones manufactureras, una Francia mucho más inclinada a responder con instrumentos proteccionistas y otros gobiernos preocupados por sectores muy distintos. Bruselas comparece con una sola voz. Las capitales hacen cuentas cada una con su propia calculadora.

La inmigración masiva, los costes de defensa y el comercio internacional han llevado a un mismo resultado. Cada vez que Bruselas obliga a tomar una decisión que produce ganadores y perdedores, los gobiernos nacionales dejan de preguntarse qué conviene a Europa y vuelven a preguntarse qué conviene a Grecia, Alemania, Francia, Polonia o España.

No han sido Orbán, Le Pen o AfD quienes más han contribuido al renacimiento del soberanismo europeo, sino la dura realidad. En tiempos de vacas gordas era relativamente sencillo mantener la ficción de un «uno para todos y todos para uno». Pero la guerra de Ucrania, la inmigración masiva, la competencia industrial y el rearme están recordando una vieja verdad de la política internacional: los Estados pueden compartir instituciones, mercados e incluso moneda; lo que nunca dejan de tener son intereses nacionales.

Quizá ese sea el gran cambio político de la Europa actual; que la propia Comisión Europea, al obligar a decidir quién paga cada crisis, está devolviendo a los gobiernos nacionales la obligación de hacer exactamente aquello para lo que fueron elegidos: defender, antes que nada, los intereses de sus propios ciudadanos.