El amplio informe de 218 páginas publicado por el diputado del Parlamento británico Rupert Lowe, sin filiación partidista, expone un patrón sistemático de abuso sexual colectivo, tráfico de niñas, tormentos extremos y asesinatos de menores y adolescentes en el Reino Unido.
Según este exhaustivo estudio independiente, la inmensa mayoría de los responsables pertenecen a grupos delictivos de origen musulmán, principalmente de ascendencia pakistaní. El documento calcula que al menos 250.000 menores han sido víctimas de estos crímenes a lo largo del país.
El análisis concluye que entre el 87% y el 95% de los agresores pederastas actuaban bajo una fe predominantemente musulmana. Los elementos demográficos y culturales resultan evidentes: estos perpetradores operaban siguiendo un código de clan basado en el honor y la vergüenza, que consideraba a las niñas no musulmanas —sobre todo a las blancas de extracción trabajadora— como presas disponibles para su explotación sexual.
Las pruebas claras de estos abusos organizados por bandas de origen pakistaní y otros colectivos mayoritariamente musulmanes fueron sistemáticamente ignoradas en todo el territorio británico por temor a ser acusados de racismo. El informe documenta que estos crímenes se produjeron en al menos 149 distritos, lo que equivale a cerca del 40 % de todas las zonas administrativas del Reino Unido.
La investigación recopiló numerosos testimonios de supervivientes y sus familias que describen un método repetido de captación y explotación. Niñas de apenas 11 años eran primero contactadas por jóvenes musulmanes que ganaban su confianza, para luego tratarlas como adultas y suministrarles alcohol, drogas y cigarrillos. Meses después, las menores eran recogidas a la salida de los colegios, en hogares de acogida o en la calle —frecuentemente en taxis— y trasladadas a pisos, viviendas, restaurantes o hoteles, donde sufrían violaciones repetidas en grupo, torturas, grabaciones para chantaje y humillaciones constantes con expresiones como «basura blanca» o «kuffar» (infiel).
El documento detalla atrocidades estremecedoras relatadas por las víctimas: un bebé al que se le extinguían cigarrillos en la piel obligando a su madre a presenciarlo, para luego ser asesinado; niñas a las que se prendía fuego; torturas en espacios llamados «habitaciones rojas» con posibles retransmisiones en directo y algunos asesinatos; una niña violada por un perro mientras los hombres apostaban sobre la vía de penetración y todo era filmado; abortos forzados con agujas de tejer; violaciones con botellas de vidrio, llaves, bates y otros objetos; golpizas, estrangulamientos, inmersiones bajo el agua, colgaduras boca abajo, asfixias y orina sobre las víctimas; niñas muy pequeñas (de unos cinco o seis años) atadas o encerradas en jaulas para perros; un agresor llamado Muhammad que marcaba a su víctima con la letra «M» como signo de propiedad; amenazas de cortarlas en pedazos y darlas de comer a los cerdos; y burlas constantes por llevar una cruz, con comentarios del tipo «tu fe cristiana no te protege» o «tu Dios te ha abandonado».
Muchas de estas niñas quedaron embarazadas siendo aún menores. Algunas sufrieron abortos espontáneos por el trauma, otras abortos inducidos y algunas dieron a luz a hijos que posteriormente les fueron retirados por las autoridades. Algunas víctimas fueron incluso traficadas a Oriente Medio, donde fueron sometidas a matrimonios islámicos.
Todas las instituciones fallaron de forma catastrófica. Las fuerzas policiales desatendieron denuncias repetidas, criminalizaron a las propias víctimas en lugar de perseguir a los agresores, destruyeron pruebas y dejaron en libertad bajo fianza a violadores conocidos. Los servicios sociales socavaron a los padres que intentaban proteger a sus hijas, colocaron a menores en entornos de explotación dentro de hogares infantiles, cerraron expedientes pese a indicios evidentes y tomaron represalias contra quienes denunciaban.
En octubre de 2025, la Policía Metropolitana anunció una revisión de 9.000 casos de explotación sexual infantil. Paralelamente, la Agencia Nacional contra el Crimen activó la Operación Beaconport para examinar miles de expedientes adicionales en todo el país. Este escándalo ha puesto en entredicho gravemente la actuación de las autoridades británicas durante décadas.
