El inmigrante de origen maliense que apuñaló a tres mujeres en el metro de París el pasado 26 de diciembre no estaba sometido a una orden de expulsión del territorio francés, como se afirmó inicialmente, sino que era ciudadano francés desde 2018. Así lo reconoció este lunes el Ministerio del Interior, confirmando una información adelantada por RTL, tras descubrirse un fallo administrativo de gran alcance.

La clave del caso apareció de forma casi fortuita. Durante el registro de la vivienda del sospechoso, los investigadores localizaron un pasaporte francés a su nombre, un documento que hasta ese momento no figuraba en los archivos manejados ni por las prefecturas ni por los tribunales. Esa omisión llevó a que durante años fuera tratado como extranjero en situación irregular, pese a haber obtenido la nacionalidad francesa a través de la embajada de Francia en Bamako.

La desaparición de su expediente de naturalización de los registros oficiales ha abierto un serio interrogante sobre el funcionamiento de los sistemas administrativos y judiciales. El propio individuo, de 25 años y con antecedentes psiquiátricos, nunca declaró ser francés: no lo hizo en sus múltiples detenciones previas, ni ante los jueces, ni durante su estancia en prisión, ni tampoco cuando fue internado en un centro de detención administrativa. Ese silencio, unido a su estado mental, podría haber contribuido a que el error pasara desapercibido durante años.

Antes de que se conociera su verdadera nacionalidad, las autoridades lo presentaron públicamente como un ciudadano maliense en situación ilegal, con una obligación de abandonar el territorio francés en vigor. Según la versión oficial inicial del Ministerio del Interior, había sido condenado en enero de 2024 por robo con violencia y agresión sexual en París. Tras salir de prisión en julio, se le dictó una OQTF y fue internado en un centro de retención administrativa. Al no poder ejecutarse la expulsión por falta de documentación consular, quedó en libertad bajo arresto domiciliario y con una orden de búsqueda.

Nada de ese procedimiento debería haberse producido si su nacionalidad francesa hubiera estado correctamente registrada. Por ello, las autoridades tratan ahora de reconstruir cómo fue posible que durante tanto tiempo se ignorara un dato tan esencial. El caso ha puesto en entredicho la fiabilidad de los archivos administrativos y la coordinación entre las distintas instancias del Estado.

Desde la Fiscalía de París se limitaron a señalar que el estatus administrativo de una persona no es competencia del poder judicial y que no influye en la existencia de un delito, remitiendo cualquier explicación a la prefectura correspondiente. La prefectura de Val-de-Marne, responsable de tramitar la supuesta orden de expulsión, no había ofrecido aún una respuesta pública mientras continuaban las comprobaciones internas, según informó Le Parisien.

En paralelo, el proceso penal quedó en suspenso por motivos médicos. El sábado, la Fiscalía anunció que el sospechoso no ingresaría en prisión preventiva debido a que su estado psiquiátrico era incompatible con la detención. Fue trasladado a un hospital especializado para recibir tratamiento.

Los ataques se produjeron en apenas media hora, entre las 16:15 y las 16:45 del viernes, en varias estaciones de la línea 3 del metro de París, concretamente Arts et Métiers, République y Opéra. Las tres víctimas sufrieron heridas leves. El agresor fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y localizado posteriormente en el Valle del Oise mediante el rastreo de su teléfono móvil.

El episodio ha dejado al descubierto una cadena de errores administrativos de gran gravedad y ha reavivado el debate sobre el control de los registros, la comunicación entre instituciones y la gestión de casos en los que confluyen antecedentes penales, salud mental y estatus jurídico.