
Monfalcone, una localidad del noreste de Italia donde alrededor del 30% de los residentes tiene ciudadanía extranjera, vuelve a situarse en el centro del debate por la presencia de alumnas que acuden a clase con el rostro cubierto por el niqab.
En el instituto Pertini, varias estudiantes musulmanas utilizan esta prenda, que deja únicamente los ojos al descubierto. Según informa Il Secolo, cuatro alumnas llevan niqab actualmente en el instituto. El centro mantiene además un procedimiento para comprobar la identidad de las estudiantes que acuden con el rostro cubierto. La identificación se realiza de forma privada antes del acceso a las aulas, con el objetivo de verificar que la persona que entra es realmente la alumna matriculada.
El fenómeno se produce en una ciudad con una importante presencia de población extranjera, especialmente procedente de Bangladesh. Según los datos recogidos oficiales los dos institutos suman 1.599 alumnos, de los que 1.185 son extranjeros.
La situación ha adquirido una nueva dimensión después de que el Gobierno de Giorgia Meloni aprobara el 24 de septiembre un decreto sobre el sistema educativo que incluye la prohibición del burka y el niqab en las escuelas italianas. El Ejecutivo también estableció un límite del 30% para alumnos que no dominen adecuadamente el italiano en determinadas clases y anunció medidas para reforzar el aprendizaje del idioma.
Algunas estudiantes han manifestado que cuando entre en vigor, se adaptarán a la prohibición. Otras alumnas defendieron igualmente que el uso del velo responde a decisiones personales y señalaron que no perciben problemas de integración dentro del centro.
El caso de Monfalcone ha generado durante los últimos años un intenso debate político en Italia. En 2025, la propia dirección del Pertini explicó que la identificación privada de las alumnas con niqab buscaba facilitar su continuidad escolar y evitar que abandonaran los estudios.
La nueva regulación aprobada por el Gobierno contempla sanciones para quienes incumplan la prohibición, según el borrador difundido con multas que pueden alcanzar los 1.000 euros.