El recién nombrado ministro del Interior, Bruno Retailleau, lamentó públicamente este domingo la imposibilidad de realizar un referéndum sobre la inmigración en Francia.
En declaraciones a LCI (canal de TV), explicó que, aunque apoya fervientemente la idea, «no podemos llevar a cabo un referéndum sobre la inmigración en Francia debido a razones constitucionales». Añadió que «esto es algo que lamento profundamente», mostrando su pesar por las limitaciones legales que impiden esta consulta.
Desde su despacho en la Plaza Beauvau, defendió la necesidad de una consulta pública sobre este tema tan delicado, señalando que «la inmigración ha sido uno de los fenómenos que más ha afectado a la sociedad francesa en los últimos 50 años». Según el ministro, «es un tema que ha transformado profundamente a Francia, sin que los ciudadanos franceses hayan tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto».
Retailleau destacó la importancia de contar con un «plan integral» para controlar la inmigración, señalando que las actuales normativas legales no son suficientes. Subrayó su disposición a utilizar «todas las herramientas necesarias» para abordar la situación, mencionando que la legislación actual está «enredada en un laberinto de normas». En este sentido, expresó su respeto por el primer ministro, Michel Barnier, quien hará una declaración en breve anunciando varias medidas en torno a este desafío.
Otro aspecto clave que mencionó fue la necesidad de reforzar las deportaciones, asegurando que Francia debe «asumir una postura firme» en el regreso de los inmigrantes a sus países de origen. Según Retailleau, para lograr este objetivo es fundamental recurrir a «tres palancas de poder»: la concesión de visados, la ayuda al desarrollo y los acuerdos comerciales con los países involucrados.
Finalmente, cuando se le preguntó si apoyaría la implementación de una «doble pena», es decir, la expulsión automática de inmigrantes una vez cumplida su condena en Francia, Retailleau respondió con firmeza: «Por supuesto, estoy a favor».
