El negocio de los inmigrantes ilegales sigue creciendo en el Reino Unido a costa del bolsillo del contribuyente. Una compañía de taxis, PTS-247, que desde hace tres años trabaja para el contratista del Ministerio del Interior Clearsprings Ready Homes, ha visto cómo sus beneficios se han disparado en tiempo récord: de 52.000 libras en 2022/23 a 586.000 libras en 2023/24, más de diez veces más.

El contrato, valorado en cuatro millones de libras al año, consiste en trasladar a solicitantes de asilo por el sur de Inglaterra y Gales. Sólo el mes pasado, la empresa recibió 344.000 libras para llevar a los ilegales a sus citas médicas y devolverlos a los hoteles, según reveló The Sun on Sunday.

El acuerdo no sólo engordó los beneficios: el patrimonio neto de la compañía, con sede en Crawley (West Sussex), superó por primera vez el millón de libras y su plantilla pasó de 28 a 36 empleados. La empresa matriz, Meco Maitha, declaró beneficios antes de impuestos de 3,5 millones de libras sobre una facturación de 20,3 millones.

El ministro del Interior en la sombra, Chris Philp, ha reaccionado a la noticia, calificando el asunto de «repugnante». «El Gobierno está estafando a los contribuyentes para transportar inmigrantes ilegales por todo el país. Mucha gente trabajadora no puede permitirse pagar un taxi, ¿por qué deberían los ilegales tener este servicio con chófer?, se ha preguntado.

La TaxPayers’ Alliance también ha denunciado el abuso. Su director, John O’Connell, ha señalado que el aumento de beneficios demuestra cómo «el sistema de asilo se ha convertido en un tren de salsa para los contratistas». Mientras los ilegales van en taxis a consultas médicas, ha recordado, los británicos soportan largas listas de espera en el NHS y viajan por sus propios medios.

El citado contrato incluye no sólo trayectos en taxi, sino también autocares y hasta transportes separados para equipaje. Cualquier viaje de más de 175 millas se cobra a 1,85 libras por milla. La magnitud del negocio quedó al descubierto en la demanda que PTS-247 ha interpuesto contra Clearsprings, reclamando 2,75 millones de libras en facturas impagadas, de las cuales 2,4 millones corresponden a trayectos largos, 230.000 a autobuses y 88.000 a traslados de equipaje.

El propietario de Clearsprings, el magnate Graham King, conocido como “el multimillonario del asilo”, recauda cada día 4,8 millones de libras en contratos relacionados con la inmigración. La empresa ha negado las acusaciones y sostiene que PTS-247 no ha aportado pruebas suficientes de los viajes facturados.

Desde la propia compañía de taxis insisten en que cumplen estrictos estándares de gobernanza y que cualquier insinuación de especulación es “rotundamente falsa”. Sin embargo, testimonios de antiguos empleados de Serco, otro contratista del asilo, revelan que muchos ilegales usaban los taxis casi a diario y que algunos inventaban citas médicas para poder salir por la noche.

El Ministerio del Interior ha reconocido el escándalo y asegura que investigará de forma “urgente” el uso de taxis para trasladar a los solicitantes de asilo.