El Reino Unido se enfrenta a un nuevo escándalo migratorio tras conocerse que el Ministerio del Interior ha financiado traslados en taxi de hasta 600 libras (700 euros) para que inmigrantes ilegales acudan a citas médicas. Según revela el diario The Sun, algunos de estos trayectos han recorrido más de 250 millas (402 kilómetros), con un gasto mensual que asciende a unas 350.000 libras (409.500 euros) sufragadas con dinero del contribuyente.
El Ejecutivo argumenta que estos traslados tienen el objetivo de garantizar la continuidad con los médicos de cabecera cuando los inmigrantes son reubicados en distintos hoteles, pero ha generado una fuerte indignación en plena crisis del sistema sanitario británico. Mientras pacientes británicos esperan durante meses —incluso años— para recibir atención en la sanidad pública, los recién llegados disfrutan de traslados de larga distancia pagados con fondos públicos.
El contrato de transporte lo gestiona la empresa Clearsprings Ready Homes, que a su vez subcontrató a PTS-247 para el sur de Inglaterra y Gales. Esta última ha demandado a Clearsprings por facturas impagadas que ascienden a 2,75 millones de libras (3,22 millones de euros). Clearsprings, por su parte, asegura que PTS-247 no ha aportado pruebas suficientes de todos los trayectos facturados.
La polémica ha forzado la intervención del Ministerio del Interior, dirigido por Shabana Mahmood, que ha anunciado una investigación urgente para esclarecer la magnitud del gasto. Lo preocupante, según reconocen fuentes oficiales, es que ni siquiera se dispone de datos completos sobre la dimensión real del problema.
Mientras tanto, la indignación crece: voces del NHS y representantes políticos denuncian que este sistema de taxis no sólo es ineficiente, sino una burla para los ciudadanos británicos que financian con sus impuestos un servicio del que ellos mismos están excluidos.
