«Les dedico el proyecto de hoy que hemos adoptado en el gobierno, que nos permitirá proteger eficazmente la frontera polaca y el Estado polaco contra actos de agresión«. Así anuncio el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el nuevo proyecto que modifica los reglamentos que rigen el funcionamiento del Ejército, la Policía y la guardia de fronteras, incluidas las normas sobre el uso de armas.
La enmienda, aprobada en junio por el Consejo de Ministros, incluye nuevas reglas para el uso de armas por parte del Ejército en su labor de defensa de la frontera, y responde a las críticas que el Ejecutivo de Tusk ha recibido en las últimas semanas, sobre todo después del asesinato de un soldado de 21 años apuñalado por un inmigrante armado que trataba de entrar en Polonia desde Bielorrusia.
Lo ocurrido en la frontera, unido a detención de dos militares por el uso de armas de fuego contra un grupo de inmigrantes, ha supuesto un golpe a la imagen de garante de la seguridad que intentaba construir el Ejecutivo. Tanto, que el partido soberanista opositor Ley y Justicia (PiS) ha exigido la dimisión del Gobierno.
En este contexto, a Tusk no le ha quedado otra alternativa que ceder a las presiones y aprobar una reforma exprés de las normas que permitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad emplear sus armas de fuego. Todo para intentar acallar al PiS y a los críticos que acusan al Gobierno de poner en peligro la integridad de las fuerzas desplegadas en la frontera.
Según el proyecto de ley, las propuestas eximirían de responsabilidad a los funcionarios públicos que porten armas cuando las usen con fines de defensa personal o de forma «preventiva» cuando «la vida, la salud y la libertad» de funcionarios encargado de hacer cumplir la ley estén amenazadas durante un «ataque ilegítimo contra la inviolabilidad de la frontera del Estado».
Las nuevas normas se aplicarían en cuatro situaciones específicas. La primera, en los casos en que se requiere que un agente “rechace un ataque directo e ilegal a la inviolabilidad de la frontera estatal por parte de una persona que fuerza el cruce de la frontera estatal utilizando un vehículo, un arma de fuego u otro objeto peligroso”.
El segundo, en casos de legítima defensa: «Para repeler un ataque directo e ilegal a la vida, la salud o la libertad de un militar, de un policía o de un agente de la guardia de fronteras o de otra persona, realizado en caso de ataque directo e ilegal a la inviolabilidad de la frontera estatal».
El tercero se refiere a los casos en que sea necesario «impedir actividades dirigidas directamente a atentar contra la vida, la salud o la libertad de un militar, de un policía o de un agente de la guardia de fronteras o de otra persona, en caso de ataque directo e ilícito a la inviolabilidad de la frontera estatal».
Y el cuarto cubriría las situaciones en que «sea necesario confrontar a una persona que no atiende una solicitud de abandonar inmediatamente un arma, explosivo u otro elemento peligroso, cuyo uso pueda amenazar la vida, la salud o la libertad de ese militar».
La legislación también permite a los oficiales acusados de uso indebido de armas solicitar un defensor público y recibir apoyo financiero para obtener asistencia legal.
El Gobierno ha adoptado estas medidas en respuesta al reciente aumento de intentos de cruce de la frontera por parte de inmigrantes con Bielorrusia y a una serie de ataques violentos contra oficiales polacos estacionados allí.
La zona de exclusión ha reducido los intentos de entrada un 56%
Esta nueva legislación se une a la introducción de una zona de exclusión, que entró en vigor el pasado 13 de junio.
Esta iniciativa prohíbe la entrada de personas no autorizadas a menos de 200 metros de la frontera polaca en algunos lugares y hasta dos kilómetros en otros. El objetivo era facilitar el trabajo de los agentes en la frontera y obstaculizar las operaciones de los traficantes de personas.
La guardia fronteriza polaca afirma que, en las tres semanas posteriores a la introducción de la zona de exclusión, se registraron 1.700 intentos de cruce ilegal, frente a los 3.900 de las tres semanas anteriores, lo que supone una reducción de alrededor del 56%.
