Un dictamen de la Unión Europea ha aprobado la movilización de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad destinados a la Comunidad Valenciana, tras las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA que asoló la región entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Sin embargo, la ayuda no llegará exenta de crítica: el documento incorpora una referencia explícita a las «responsabilidades políticas» —a todos los niveles— que, según Bruselas, existieron tanto en la prevención como en la gestión de la catástrofe que costó la vida a 229 personas.

El texto, que será votado la próxima semana en el Parlamento Europeo, subraya que la respuesta de la Unión representa un gesto tangible de solidaridad con los ciudadanos afectados, pero aclara que «estas medidas no sustituyen la responsabilidad directa de las autoridades locales, regionales y nacionales en la prevención y gestión de los impactos climáticos». Con ello, el informe apunta a una corresponsabilidad institucional que abarca desde los ayuntamientos hasta el propio Gobierno central.

La incorporación de esta advertencia política fue impulsada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, autor de una enmienda que obtuvo un amplio respaldo en la Comisión de Presupuestos —31 votos a favor y una abstención— en el penúltimo trámite antes de la ratificación definitiva. Marzà justificó su propuesta asegurando que «muchas de las muertes que lamentamos eran evitables» y reclamó que Bruselas exija rendición de cuentas: «Lo que vivimos con la DANA no fue un fenómeno imprevisible, sino una crisis agravada por la falta de prevención», afirmó.

El informe detalla que la tormenta causó graves daños materiales: más de 2.600 viviendas afectadas, 500 kilómetros cuadrados anegados y la interrupción de servicios básicos como electricidad, agua potable y comunicaciones. También quedaron dañados más de 170 centros educativos y 50 instalaciones sanitarias. La Comisión Europea calcula que el coste total de los daños asciende a 18.080 millones de euros, cifra que supera con creces el umbral para ser considerada una «catástrofe natural grave» en España, fijado en el 0,6% de la renta nacional bruta.

Además de señalar responsabilidades, el dictamen incluye el principio de «reconstrucción resiliente» o build back better, una propuesta también de Marzà. Este enfoque busca evitar que los fondos europeos se limiten a reparar los daños, apostando por infraestructuras más seguras y sostenibles que impidan repetir errores del pasado. «De nada sirve reconstruir en zonas inundables», advirtió el eurodiputado, que considera fundamental adaptar el territorio a posibles desastres naturales y mejorar la preparación ante emergencias.