Vecinos de la ciudad autónoma de Ceuta están exigiendo la salida inmediata de la Cruz Roja de su territorio tras lo que califican como una gestión sesgada durante la reciente invasión migratoria. Bajo el grito de «no tienen vergüenza», residentes locales reclaman que la organización abandone la ciudad y deje de priorizar a quienes cruzaron de forma ilegal.
Las protestas surgen porque, según los afectados, la entidad destina recursos abundantes —alimentos, indumentaria, cobijas y asistencia sanitaria— a los recién llegados, mientras ancianos, hogares con menores y propietarios de comercios se enfrentan a un entorno de creciente inseguridad y desprotección. Muchos ceutíes denuncian que las consecuencias diarias de la crisis recaen sobre ellos sin recibir una respuesta equivalente por parte de la misma institución.
A las quejas por el trato desigual se suman las dudas sobre el manejo interno de fondos. Critican que altos cargos de la organización disfruten de remuneraciones elevadas y que, en cambio, los españoles afectados por otras catástrofes no reciban un respaldo comparable. Ejemplos recurrentes en el discurso son la respuesta a la DANA en Valencia, la erupción volcánica de La Palma y los incendios forestales, episodios que utilizan para cuestionar la eficacia general de la entidad en emergencias.
El malestar se dirige también hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusan de sostener con dinero público a una organización que, a juicio de los vecinos, desatiende a la población local. Los reclamantes piden una revisión a fondo de las subvenciones destinadas a grupos que intervienen en la gestión migratoria y exigen que las autoridades prioricen de una vez las necesidades de quienes residen de forma permanente en Ceuta.
En definitiva, las voces que se alzan en la ciudad autónoma insisten en que la Cruz Roja debe cesar su presencia allí y que las instituciones miren primero hacia los ceutíes, cansados de sentirse postergados en medio de la presión fronteriza.
