El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo reglamento migratorio —defendido por los patriotas y los soberanistas— que endurece los procedimientos de retorno de extranjeros en situación ilegal y establece el marco jurídico para que los Estados miembros puedan impulsar deportaciones de manera más ágil y coordinada. La norma también abre la puerta a la creación de centros de retorno en terceros países.

Aunque el texto permite que los gobiernos recurran a instalaciones situadas fuera del territorio comunitario para gestionar determinados procesos de expulsión, su utilización no será obligatoria. Cada país decidirá si adopta o no este modelo, inspirado en iniciativas ya desarrolladas por Italia en Albania.

Las solicitudes de asilo deberán resolverse en un plazo máximo de doce semanas. Durante ese periodo, los solicitantes permanecerán en instalaciones habilitadas para tal fin y no obtendrán autorización para acceder al territorio nacional mientras se analiza su situación.

La reforma también refuerza el papel de la cooperación entre los Estados miembros. España ha sido reconocida oficialmente como uno de los países sometidos a una especial presión migratoria, circunstancia que le permitirá beneficiarse del nuevo mecanismo europeo de solidaridad. Gracias a este sistema, los socios comunitarios podrán contribuir mediante la reubicación de migrantes, aportaciones económicas o asistencia operativa sobre el terreno.

Otro de los pilares de la nueva política migratoria será el fortalecimiento de los sistemas de control y registro. La base de datos Eurodac ampliará significativamente sus funciones y pasará a recopilar información de todas las personas que entren ilegalmente en la Unión Europea, más allá de los solicitantes de asilo. Para ello, las autoridades nacionales deberán desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el intercambio de información entre organismos de seguridad y servicios de acogida.

Con esta aprobación, la Unión Europea da un nuevo paso hacia un modelo migratorio más restrictivo, basado en una mayor capacidad de control fronterizo, procedimientos más rápidos para la resolución de expedientes y un refuerzo de los mecanismos destinados a ejecutar retornos y deportaciones de personas que no obtengan autorización para permanecer en territorio comunitario.