Los extranjeros no residentes y los inmigrantes ilegales tendrán que pagar por recibir asistencia sanitaria en Portugal o acreditar que disponen de un seguro médico que cubra los gastos. Así lo contempla una nueva iniciativa legislativa impulsada por los partidos que integran el Gobierno portugués, que ha superado su primera votación parlamentaria gracias al respaldo de Chega, la formación liderada por André Ventura.

La propuesta, presentada por el Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), ha obtenido 151 votos favorables frente a 79 en contra. Su objetivo es restringir el acceso gratuito al Servicio Nacional de Salud (SNS) a quienes no residan legalmente en el país o carezcan de cobertura sanitaria. Las situaciones de emergencia quedarán exceptuadas de las restricciones de acceso, aunque los pacientes deberán justificar posteriormente su cobertura médica.

El Ejecutivo portugués pretende también reforzar los mecanismos de facturación y recuperación del dinero correspondiente a los tratamientos dispensados a ciudadanos extranjeros. El texto contempla la posibilidad de exigir pagos por adelantado, garantías económicas u otros instrumentos que permitan asegurar que los servicios prestados sean abonados.

La reforma llega después de que la Inspección General de Actividades en Salud (IGAS) detectase importantes deficiencias en la gestión económica de la asistencia a extranjeros. Entre 2021 y octubre de 2024, los servicios públicos de urgencias atendieron a cerca de 330.000 ciudadanos de otros países, de los cuales más de 141.000 carecían de seguro médico y no estaban amparados por convenios internacionales, acuerdos sanitarios o la tarjeta sanitaria europea.

Las consecuencias económicas de esta situación se reflejan especialmente en el Algarve, donde los centros hospitalarios dejaron de ingresar 1,2 millones de euros en apenas dos años. Además, diversas estimaciones publicadas por la prensa portuguesa sitúan en hasta 15 millones de euros las cantidades pendientes de cobro por la asistencia prestada a pacientes extranjeros.

Otro de los focos identificados por la inspección sanitaria es el Hospital de São José, en Lisboa. En este centro, buena parte de las urgencias obstétricas correspondientes a mujeres no residentes procedían de países asiáticos como India, Nepal, Pakistán y Bangladés, cuyos gobiernos no mantienen acuerdos de asistencia sanitaria con Portugal. La propia ministra de Salud, Ana Paula Martins, reconoció que recuperar el coste de numerosas intervenciones resultaba prácticamente imposible.

Durante el debate parlamentario, los partidos conservadores defendieron la necesidad de poner límites al denominado «turismo sanitario». El diputado socialdemócrata Alberto Machado cuestionó que determinadas personas se desplazasen a territorio portugués únicamente para beneficiarse de tratamientos gratuitos y atribuyó esta situación a las decisiones adoptadas por el anterior Ejecutivo socialista.

Por su parte, Chega consiguió que avanzase otra iniciativa que limita el acceso al sistema sanitario de ciudadanos extracomunitarios sin residencia, personas apátridas, solicitantes de asilo con expedientes pendientes de resolución e inmigrantes en situación irregular. El texto establece como condiciones generales el pago de los servicios o la existencia de una emergencia médica.

Sin embargo, el PSD no respaldó otra propuesta de Chega que pretendía imponer tasas sanitarias a mujeres embarazadas en situación irregular y a solicitantes de protección internacional. La abstención de los socialdemócratas impidió que prosperase esta modificación.

La izquierda portuguesa ha rechazado las restricciones y ha acusado a las formaciones gubernamentales de responsabilizar a los extranjeros de los problemas estructurales del sistema sanitario. El Partido Socialista ha calificado las iniciativas de propaganda política, mientras que el Partido Comunista Portugués ha denunciado su carácter discriminatorio.

Los socialistas sí consiguieron sacar adelante una recomendación parlamentaria para que el Gobierno prepare, en un plazo máximo de 90 días, un informe sobre la utilización de los servicios sanitarios por parte de personas no residentes. La petición no tiene carácter vinculante.

La reforma deberá continuar su tramitación legislativa antes de convertirse definitivamente en ley. De culminar el procedimiento, Portugal endurecerá las condiciones económicas de acceso a su sanidad pública para los extranjeros sin residencia o sin cobertura médica, manteniendo la atención en los supuestos de urgencia.