La Camara Municipal de Lisboa, presidida por Carlos Moedas (PSD), ha entregado 127 viviendas municipales gracias a una resolución aprobada por su ejecutivo que abrió la posibilidad de que personas que hubieran okupado viviendas públicas antes de 2021 pudieran quedarse con ellas en casos excepcionales. Actualmente, según ha desvelado CNN Portugal, hay otras 600 familias que también han okupado viviendas municipales y que están en proceso de regularización.
Según la resolución, los casos en que la okupación haya tenido lugar antes del 1 de octubre de 2021, se contemplaba la posibilidad de regularizar esas situaciones. «A pesar de que el acto de okupación constituye un delito, punible y socialmente condenable, no puede ignorarse la extrema necesidad de vivienda que, en principio, está en el origen de un acto de esta naturaleza», justifica la resolución. El mismo documento aclara que sólo se podría asignar la vivienda a quien la ocupó si la familia se encuentra «en situación de grave vulnerabilidad y precariedad socioeconómica».
Actualmente, el ayuntamiento de Lisboa ha explicado que entre las 600 familias que están en proceso de regularización hay tanto “okupaciones realmente abusivas” como casos en los que la vivienda está habitada por familiares de los inquilinos sin estar debidamente registrados. En este momento, en el distrito de Lisboa, hay 8.500 familias en lista de espera para acceder a una vivienda municipal.
Una economista e investigadora especializada en vivienda, Vera Gouveia Barros, ha explicado que el hecho de que el municipio haya concedido viviendas a personas que las ocuparon ilegalmente demuestra cómo el Estado «muchas veces premia al infractor». «El problema de este fenómeno es que incentiva a que las personas no sigan los procedimientos establecidos», ha señalado, añadiendo que el «problema de fondo es la falta de respuesta del Estado ante esta necesidad».
