El Partido Popular Europeo (PPE) respaldará una nueva reforma de las reglas comunitarias sobre finanzas sostenibles pese a reconocer públicamente que el texto aprobado en la negociación no coincide plenamente con su propia posición política.

El acuerdo, que será votado este 10 de septiembre en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, redefine qué empresas pueden formar parte de fondos autorizados a presentarse ante los inversores como «sostenibles» o «de transición».

La principal paradoja del compromiso es que las compañías de petróleo y gas podrán acceder bajo determinadas condiciones a la categoría de transición, mientras que las empresas dedicadas al cultivo y producción de tabaco permanecerán excluidas automáticamente, independientemente de las inversiones que realicen para reducir emisiones o transformar su actividad.

El coordinador económico del PPE, Markus Ferber, ha admitido que su grupo rechaza las «exclusiones sectoriales generales» y que, si pudiera diseñar la legislación «desde una hoja en blanco», el resultado sería distinto.

Sin embargo, el PPE votará a favor. Ferber justifica la decisión alegando que el actual Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles está «roto» y necesita una reforma, y que el compromiso alcanzado representa «la mejor opción disponible» dentro de las mayorías existentes en el Parlamento Europeo.

Bruselas decide qué empresas pueden ser consideradas «sostenibles»

La Comisión Europea propuso en noviembre de 2025 sustituir el actual sistema por tres categorías voluntarias para los productos financieros: Sostenible, Transición y ESG Básico. Obtener una de estas etiquetas no es una cuestión meramente estética. Permite a las compañías acceder a un abanico más amplio de inversores y, potencialmente, conseguir financiación en mejores condiciones.

La negociación parlamentaria mantiene un sistema de exclusiones por sectores. Quedarán fuera las compañías relacionadas con tabaco, armas prohibidas y empresas que incumplan determinados principios de Naciones Unidas o de la OCDE. La excepción será el sector fósil.

Las empresas de petróleo y gas podrán entrar en fondos clasificados como de transición cuando cumplan determinados requisitos vinculados a reducción de emisiones e inversiones consideradas compatibles con la taxonomía europea. El cambio refleja el giro experimentado por Bruselas después de que la crisis energética y la guerra de Ucrania obligaran a numerosos gobiernos europeos a reconsiderar algunas de las restricciones derivadas del Pacto Verde.

El tabaco no tendrá la misma posibilidad de «transición»

Los productores europeos denuncian precisamente este doble criterio. La exclusión afecta a las empresas dedicadas al cultivo y producción de tabaco, sin diferenciar entre productos tradicionales y nuevas alternativas ni considerar inversiones destinadas a reducir emisiones o modificar el modelo empresarial.

Las organizaciones UNITAB Europe y FETRATAB han advertido al Parlamento Europeo de que la medida puede afectar a unas 30.000 explotaciones familiares y a miles de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas localizadas en zonas rurales económicamente vulnerables.

Según estimaciones de los propios representantes del sector, la cadena económica relacionada con el tabaco aporta 223.700 millones de euros al PIB comunitario y sostiene más de dos millones de empleos. Los productores no reclaman una inclusión automática, sino recibir la misma vía condicionada de transición que Bruselas está dispuesta a conceder al petróleo y al gas.

Las armas convencionales no quedan excluidas

La reforma presenta además otra particularidad. La prohibición afecta específicamente a las denominadas «armas prohibidas», una definición limitada en la legislación comunitaria a minas antipersona, municiones de racimo y armas químicas y biológicas.

Por tanto, las empresas dedicadas a fabricar armamento convencional no quedan automáticamente fuera de los fondos sostenibles o de transición. Tampoco las armas nucleares están incluidas actualmente dentro de esa lista específica de exclusión.

El propio PPE había presentado, junto a otros grupos de centro y derecha, numerosas enmiendas destinadas a reducir las prohibiciones automáticas y a evaluar a cada compañía por su comportamiento y sus inversiones en lugar de simplemente por el sector al que pertenece. Pero el acuerdo negociado por los ponentes mantiene buena parte del enfoque inicial.

Italia, Polonia, Portugal, Lituania, República Checa, Hungría y Croacia ya habían mostrado sus reservas ante planteamientos similares durante las negociaciones en el Consejo. Tras la votación en comisión, el texto deberá pasar por el pleno del Parlamento Europeo y posteriormente negociarse con los Estados miembros.