Chega, principal fuerza de la oposición en Portugal, ha alcanzado un principio de acuerdo con el partido gobernante Alianza Democrática (AD) para reformar la ley de nacionalidad y endurecer la política migratoria del país.

El pacto, que se materializará al inicio del próximo periodo legislativo, marca un giro estratégico en el marco jurídico portugués y consolida a la formación liderada por André Ventura como actor determinante en la nueva etapa política lusa.

El entendimiento entre Chega y el bloque gubernamental permitirá avanzar en la redacción de un nuevo marco legal que restringirá el acceso a la nacionalidad portuguesa, en línea con las exigencias de una ciudadanía cada vez más crítica con los efectos del multiculturalismo, la inmigración descontrolada y el abuso del sistema de acogida.

Entre las medidas ya aprobadas figura la creación de una Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras dentro de la Policía de Seguridad Pública (PSP), votada favorablemente en la Asamblea con el respaldo de los diputados de Chega.

Aunque los detalles del nuevo texto legal aún no se han hecho públicos, Ventura ha confirmado que el acuerdo recoge líneas orientativas claras para endurecer la legislación vigente, y ha adelantado que las medidas comenzarán a aplicarse a partir de septiembre. Pero la proyección del acuerdo va más allá del plano legal: Chega ha hecho valer su posición parlamentaria para condicionar también la negociación del próximo Presupuesto del Estado.

Ventura ha enumerado sus exigencias: la construcción de centros de deportación para inmigrantes ilegales, el refuerzo presupuestario para la nueva unidad policial y la creación de una policía fiscalizadora de subsidios sociales. «El primer ministro ya conoce nuestras condiciones y está al tanto de su impacto en las cuentas públicas», declaró, evitando hablar de «líneas rojas«, pero dejando claro que el apoyo de su partido estará condicionado al cumplimiento del pacto.

Como era de esperar, la izquierda ha reaccionado con virulencia. El socialista José Luís Carneiro, líder del PS, acusó al Partido Social Demócrata (PSD) —fuerza principal de la coalición de Gobierno— de «estar en manos de la extrema derecha» y de romper con la supuesta tradición humanista de Portugal, en particular hacia los países de lengua portuguesa como Brasil, Angola o Cabo Verde. Sin embargo, la reforma ya ha superado una votación en comisión parlamentaria y cuenta con mayoría suficiente para avanzar, lo que evidencia que las acusaciones de la izquierda no han logrado frenar el giro político en curso.