El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha votado esta semana sobre la continuidad de una denuncia presentada por un inspector jefe de Policía contra el Gobierno de Pedro Sánchez por incumplir el Código de Fronteras Schengen (CFS) en la Verja de Gibraltar. La petición, impulsada por el Grupo Patriotas por Europa, ha sido bloqueada con los votos del Partido Popular, socialistas, verdes y liberales, que han preferido cerrar el caso sin investigarlo. Los Patriotas han sido los únicos en defender que se mantuviera abierta.
La denuncia fue presentada por D.B., inspector jefe del puesto fronterizo de La Línea de la Concepción, suspendido de empleo y sueldo durante cinco meses por negarse a permitir la entrada de ciudadanos gibraltareños sin los controles que exige la normativa europea. El agente había pedido por escrito a sus superiores instrucciones claras, al comprobar que se estaba permitiendo el paso a los «llanitos» sin pasaporte válido, sin justificar el motivo de la visita ni sellar sus documentos de viaje, contraviniendo los artículos 6 y 11 del CFS.
Ante el silencio de sus mandos, D.B. decidió aplicar la normativa tal y como establece el reglamento, lo que provocó una protesta directa del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Como respuesta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó revertir la situación y volver al trato de favor hacia los gibraltareños, dejando sin efecto las medidas legales que el inspector había comenzado a aplicar. Esta decisión del Gobierno, orientada a contentar a las autoridades británicas, ha vuelto a situar al ministro en el centro de una nueva polémica.
En paralelo a esta votación, la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia del inspector y ha confirmado que examinará el caso «a la luz del derecho de la Unión Europea aplicable». Así lo ha señalado oficialmente la jefa de unidad de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, Angelina Gros Tchorbadjiyska, quien ha recordado que todo incumplimiento del Derecho de la UE, sea del nivel que sea, es imputable al Estado miembro correspondiente.
Bruselas, por tanto, ha dejado abierta la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción contra España, lo que podría derivar en consecuencias jurídicas ante el Tribunal de Justicia de la UE. La responsabilidad, advierte la Comisión, recae plenamente en el Gobierno de Pedro Sánchez.
A pesar de la gravedad de la denuncia y de su admisión formal por parte de las instituciones europeas, el Partido Popular ha decidido alinearse con los socialistas y el resto del bloque globalista para cerrar el caso. En lugar de exigir responsabilidades al Ejecutivo y defender a los agentes que cumplen la ley, el grupo del PPE ha preferido tapar los excesos de Marlaska y desentenderse del control sobre una frontera sensible como la de Gibraltar.
«Una vez más, el PP ha demostrado su sumisión a los intereses del bloque progresista y su falta de compromiso con la soberanía española», ha denunciado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, tras conocer el resultado de la votación. Frente a ellos, los diputados de Patriotas por Europa y VOX han sido los únicos en defender el cumplimiento de la legalidad y la integridad de las fronteras exteriores de la Unión.