El Gobierno británico dio este lunes luz verde a la nueva megaembajada de China en Londres, pese a las advertencias expresas de los servicios de inteligencia y a una oposición parlamentaria cada vez más amplia. La decisión, adoptada por el secretario de Comunidades, Steve Reed, desbloquea un proyecto controvertido que situará la principal sede diplomática de Pekín en el antiguo complejo de la Royal Mint Court, en pleno corazón de la capital británica.

La aprobación llega acompañada de advertencias. En la documentación oficial publicada junto al permiso de planificación, el servicio de Inteligencia Interior del Reino Unido, el MI5, admite que «no es realista esperar poder eliminar por completo todos y cada uno de los riesgos potenciales» asociados a la instalación de una embajada china de estas dimensiones. Aun así, el Ejecutivo ha optado por seguir adelante, asumiendo unos riesgos que numerosos diputados consideran inasumibles en el contexto geopolítico actual.

El proyecto contempla la agrupación de las siete sedes diplomáticas chinas existentes en Londres en un único complejo de grandes proporciones, con más de 200 estancias internas. Según distintas informaciones, los planos incluyen suites subterráneas, túneles y salas cuyo uso aparece censurado por «motivos de seguridad nacional». Para los críticos, estos espacios refuerzan el temor a que la embajada funcione como un centro avanzado de espionaje del Partido Comunista Chino en territorio británico, especialmente por su cercanía a infraestructuras críticas y a cables de datos esenciales para la ciudad.

La decisión ha intensificado las críticas contra el primer ministro, Keir Starmer, a quien se acusa de debilidad frente a Pekín. Varios parlamentarios han subrayado que la autorización de la megaembajada coincide con la previsión de un próximo viaje oficial de Starmer a China, un gesto que interpretan como una cesión política en busca de una relación más cómoda con el régimen de Xi Jinping.

El Ejecutivo británico se aferra al argumento de que los riesgos han sido evaluados de forma exhaustiva e insiste en que la concentración de todas las sedes chinas en un único emplazamiento aportará «claras ventajas de seguridad».

La batalla no ha terminado. Los opositores al proyecto ya preparan nuevos recursos judiciales para intentar frenar la construcción. Mientras tanto, la imagen que queda es la de un Gobierno dispuesto a asumir riesgos estratégicos para no incomodar a China, incluso cuando las advertencias proceden de sus propios servicios de inteligencia.