El Gobierno británico insiste en mirar hacia dentro antes que hacia sus fronteras. Mientras la inmigración ilegal sigue desbordando el país sin control ni consecuencias reales, el Ejecutivo de Keir Starmer acelera la implantación de sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y vigilancia predictiva para reforzar el control sobre la población. La prioridad política ya no consiste en frenar entradas ilegales ni en garantizar la seguridad nacional, sino en ampliar el alcance del Estado sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
El Ministerio del Interior presentará la próxima semana su plan de reforma policial que consolida este giro. El documento ampliará el uso de inteligencia artificial en las fuerzas de seguridad, con el objetivo declarado de intervenir antes de que se cometa un delito. Una lógica que remite de forma inquietante a Minority Report, la famosa película en la que la Policía actúa sobre predicciones y no sobre hechos consumados.
Mientras las costas británicas siguen recibiendo pateras casi a diario y los sistemas de asilo colapsan, el Ejecutivo destina recursos a perfeccionar algoritmos que permiten al Estado «verlo todo». No para proteger las fronteras ni expulsar a quienes entran ilegalmente, sino para reforzar el control interno sobre la población.
Predicción del delito y control permanente
Los jefes policiales ya analizan cerca de un centenar de proyectos basados en IA. Uno de los más ambiciosos busca identificar a los 1.000 hombres considerados más peligrosos para mujeres y niñas en Inglaterra y Gales.
El Gobierno también invertirá cuatro millones de libras en la creación de un mapa interactivo del delito, diseñado para anticipar zonas con riesgo de violencia, armas blancas o conductas antisociales. La tecnología permitirá intervenir antes de que los problemas estallen. Todo ello bajo una premisa: que el ciudadano se convierta en objeto de observación permanente.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, se ha mostrado entusiasta con esta expansión tecnológica. Defiende la IA como una herramienta «transformadora» para el orden público y ha llegado a reivindicar abiertamente el ideal del Panóptico de Jeremy Bentham, un sistema concebido para que el poder observe sin ser visto.
Según el entorno de la ministra, quien comete un delito renuncia a parte de su libertad. El problema es que, en la práctica, esta lógica termina extendiéndose a toda la sociedad. La vigilancia ya no se limita a criminales condenados. Cámaras de reconocimiento facial en tiempo real, análisis de datos masivos y sistemas de seguimiento convierten el espacio público en un entorno monitorizado de forma constante.
Los defensores del modelo sostienen que la IA liberará a los agentes de tareas burocráticas y mejorará la eficacia policial. En algunas ciudades ya se prueban asistentes digitales que ayudan a los agentes en intervenciones por violencia doméstica o en la revisión acelerada de imágenes de CCTV. La tecnología permite encontrar sospechosos con mayor rapidez y abaratar costes.
Sin embargo, la cuestión de fondo no es técnica, sino política. El Gobierno británico apuesta por más control y más vigilancia, pero renuncia a ejercer la autoridad básica que le corresponde como Estado soberano. Vigila al ciudadano cumplidor mientras tolera un sistema migratorio desbordado, injusto y cada vez más opaco.
El resultado es un modelo profundamente desequilibrado. Un Estado omnipresente hacia dentro y ausente hacia fuera. Mucha inteligencia artificial para controlar conductas, pero ninguna voluntad real para defender fronteras, garantizar seguridad y aplicar la ley sin dobles estándares. Un experimento que dice combatir el crimen, pero que termina erosionando la libertad mientras el problema de fondo sigue intacto.
