El Gobierno británico ha abonado hasta ahora 210.800 libras a 32 inmigrantes ilegales que llegaron en patera al Reino Unido después de que el Tribunal Superior declarara ilegal la política que permitió confiscarles teléfonos móviles y tarjetas SIM entre abril y noviembre de 2020. La decisión judicial, adoptada en 2022, consideró que aquella práctica vulneró la legislación en materia de derechos humanos.

Cada uno de los beneficiarios ha recibido 6.587,50 libras, según datos obtenidos por The Sun a través de solicitudes de acceso a la información pública. Además, otros 41 solicitantes permanecen a la espera de que se determine la cuantía que les corresponde. Si perciben la misma cantidad, la factura total ascendería a 480.887 libras.

A esta cifra hay que sumar 735.000 libras adicionales que el Ministerio del Interior destinó a la defensa jurídica del caso. Es decir, el coste global para las arcas públicas podría dispararse si los 1.323 inmigrantes que reúnen los requisitos presentan finalmente su reclamación. De hacerlo todos, el desembolso podría alcanzar varios millones.

El origen del litigio se remonta a noviembre de 2020, cuando tres inmigrantes ilegales impugnaron ante los tribunales la incautación sistemática de teléfonos a quienes desembarcaban tras cruzar el Canal de la Mancha. En marzo de 2022, el Tribunal Superior falló a su favor.

Desde el ámbito político y civil, las críticas no se han hecho esperar. El diputado de Reform UK Robert Jenrick ha asegurado a The Sun que este caso demuestra cómo determinadas resoluciones judiciales europeas operan, a su juicio, en contra de los intereses del pueblo británico. Ha calificado la situación de “farsa” y “despilfarro” de dinero público y ha defendido que un eventual Gobierno de su partido pondría fin a este tipo de decisiones.

En la misma línea, el presidente de Migrationwatch UK, Alp Mehmet, ha afirmado que resulta incomprensible que el contribuyente deba asumir indemnizaciones para personas que accedieron al país de forma ilegal. A su entender, si se les concede autorización para permanecer, deberían reembolsar el elevado coste de su manutención mientras se tramitan sus expedientes.

También William Yarwood, de la TaxPayers’ Alliance, ha sostenido que el sistema ha terminado premiando económicamente la entrada ilegal en lugar de disuadirla, y ha instado a los ministros a frenar nuevas compensaciones y aplicar la ley con firmeza.

El Ministerio del Interior ha detallado que de las 210.800 libras ya abonadas, 163.900 corresponden exclusivamente a indemnizaciones. Otras 46.900 se pagaron mediante acuerdos confidenciales “sin perjuicio”, que incluyen tanto compensación como costes legales.

Mientras tanto, el flujo de llegadas continúa. En 2025, un total de 41.472 inmigrantes alcanzaron el Reino Unido tras cruzar el Canal de la Mancha. Ante esta presión, el actual Gobierno laborista ha aprobado una nueva legislación que permite incautar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos a los solicitantes de asilo sin necesidad de arresto previo.

En virtud de la Border Security, Asylum and Immigration Act, agentes de la Fuerza Fronteriza, funcionarios de inmigración y policías pueden requisar y examinar dispositivos cuando existan “motivos razonables” para sospechar que contienen información útil para perseguir a las redes de tráfico de personas. Los aparatos pueden ser intervenidos desde el momento de la llegada al centro de procesamiento de Manston, en Kent, donde se dispone de tecnología para extraer datos con fines de inteligencia.

Un portavoz del Ministerio del Interior ha subrayado que las compensaciones derivan de una política anterior ya derogada y ha defendido que la nueva normativa refuerza la capacidad del Estado para actuar contra las organizaciones criminales que promueven la inmigración ilegal.