
Los incendios que arrasan España, Francia e Italia han reactivado el discurso que presenta el cambio climático como explicación casi exclusiva de cualquier gran catástrofe forestal. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y el viento favorecen la propagación de las llamas, pero ninguna de estas condiciones prende por sí sola un bosque. El origen del fuego, el estado del monte y la capacidad de prevención siguen siendo factores determinantes.
La prensa europea ha convertido la actual oleada de incendios en una nueva llamada a acelerar las políticas climáticas. France 24 ha relacionado la frecuencia y la intensidad de estos episodios con el calentamiento global; Deutsche Welle ha puesto el foco en el aumento de las temperaturas; y The Guardian ha denunciado que Europa no está preparada pese a las advertencias climáticas de las últimas décadas.
Este encuadre desplaza a un segundo plano una realidad más incómoda para los gobiernos: la mayor parte de los incendios forestales tiene detrás alguna intervención humana, ya sea intencionada, negligente o accidental. Las condiciones meteorológicas explican la velocidad y la violencia con la que se extienden las llamas, pero no bastan para determinar cómo comienza cada siniestro.
Francia ha detenido este verano a 184 personas sospechosas de provocar incendios, según los datos ofrecidos por su Ministerio del Interior. En España también se han producido arrestos por fuegos originados mediante actividades prohibidas durante los episodios de máximo riesgo. Las investigaciones deberán establecer en cada caso si hubo intención, imprudencia o accidente.
Los incendios forestales forman parte de la historia reciente de España mucho antes de que el cambio climático dominara el debate político. El peor año de la serie contemporánea continúa siendo 1985, cuando ardieron 484.476 hectáreas. Aquella cifra supera las registradas en numerosos ejercicios del siglo XXI y obliga a matizar la idea de que Europa se enfrenta a un fenómeno sin precedentes.
La Estadística General de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica recoge información desde 1968 y distingue entre causas naturales, negligencias, accidentes, fuegos intencionados y episodios cuyo origen no ha podido determinarse. Los propios informes oficiales muestran desde hace décadas el enorme peso de la actividad humana.
En 2017, por ejemplo, el 60,08% de los siniestros registrados en España fue clasificado como intencionado. El porcentaje no permite trasladar esa misma conclusión a los grandes incendios de este verano, todavía bajo investigación, pero sí desmonta la idea de que el fuego forestal pueda explicarse sólo por las temperaturas.
A este factor se suma la transformación del paisaje español. Un estudio publicado en 2022 por los investigadores Enric Vadell, Jesús Pemán, Pieter Johannes Verkerk, Maitane Erdozain y Sergio de-Miguel analizó la evolución de la gestión forestal desde mediados del siglo XX.
El trabajo señala que España creó 5,6 millones de hectáreas de nuevos bosques entre 1940 y 2006. El Plan Nacional de Repoblación Forestal de 1938 impulsó una política a gran escala destinada a combatir la erosión y las inundaciones, atender la demanda de madera y generar empleo en las zonas rurales.
La posterior pérdida de rentabilidad de los aprovechamientos forestales, el éxodo rural y la reducción de actividades como el pastoreo, la recogida de leña o la limpieza de montes alteraron ese modelo. Buena parte del territorio ganó masa vegetal, pero perdió población y gestión. El resultado es una mayor continuidad del combustible, capaz de convertir un incendio ordinario en un frente difícil de controlar.
La conservación de la biodiversidad no es incompatible con la prevención, pero las restricciones administrativas, la falta de desbroces, el abandono de caminos y cortafuegos y la escasa explotación de la biomasa aumentan el riesgo cuando llega el verano. Francia, Italia y Reino Unido también han promovido políticas de expansión forestal o conservación de madera muerta que requieren medidas específicas para evitar una acumulación peligrosa de combustible.
El clima influye en las condiciones en las que se desarrolla el incendio. Las altas temperaturas reducen la humedad de la vegetación; la sequía prolongada facilita la combustión; y el viento multiplica la velocidad de avance. Pero convertir esa influencia en una explicación absoluta permite a las administraciones eludir responsabilidades concretas sobre la prevención, la ordenación del territorio y la persecución de los incendiarios.
Europa no puede modificar a corto plazo una ola de calor ni impedir que llegue aire cálido del Sáhara. Sí puede limpiar los montes, recuperar el pastoreo, crear discontinuidades en la vegetación, mantener las pistas forestales, investigar cada fuego y actuar contra quienes los provocan.
La política climática se ha convertido en la respuesta automática de Bruselas y de buena parte de la prensa ante cada incendio. Sin embargo, reducir la tragedia al calentamiento global no explica quién prendió la primera llama, por qué encontró tanto combustible ni por qué el fuego alcanzó dimensiones que desbordaron a los servicios de extinción.