EL NUEVO EJECUTIVO PROMETIÓ ACABAR CON LAS REDES CLIENTELARES DE FIDESZ
Peter Magyar. Europa Press.
Por LGI
27 de agosto de 2026
El Gobierno húngaro de Péter Magyar, que llegó al poder prometiendo acabar con las redes clientelares y las prácticas de contratación pública asociadas durante años al anterior Ejecutivo de Viktor Orbán, afronta su primer gran escándalo de corrupción apenas unos meses después de asumir el poder.
Una serie de correos electrónicos filtrados y publicados por el exdiputado independiente y activista anticorrupción Ákos Hadházy apuntan a posibles irregularidades en la adjudicación del contrato para organizar las celebraciones del Día de San Esteban, la principal fiesta nacional de Hungría.
El contrato, valorado en 3.085 millones de florines netos —unos 8,5 millones de euros— y aproximadamente 10,8 millones con impuestos, terminó en manos de la empresa Hardrock Kft.
La polémica nace de una circunstancia especialmente comprometida: la compañía adjudicataria habría accedido durante semanas a información detallada sobre presupuestos, proveedores y necesidades técnicas del evento antes de que las otras empresas invitadas al concurso supieran siquiera que podían competir por él.
El vicepresidente de Tisza aparece copiado en los correos
Los documentos divulgados por Hadházy sitúan en el centro del caso a Márk Radnai, vicepresidente del partido gobernante Tisza y comisario del Ejecutivo.
Según los correos, el 16 de junio el antiguo director de eventos de Tisza, Miklós Zelcsényi, escribió a la responsable de Lounge Event —la empresa que hasta entonces organizaba las celebraciones— para solicitar información sobre el programa de 2026.
En el mensaje aseguró hacerlo «a petición del comisario del Gobierno Márk Radnai». Radnai aparecía además copiado en el correo. Cinco días después, el director gerente de Hardrock, Dániel Besnyő, ya participaba en los intercambios y solicitaba información sobre presupuestos, proveedores y especificaciones técnicas del proyecto.
La empresa partía así con un conocimiento considerable del contrato antes de que se iniciara formalmente el nuevo procedimiento de contratación.
La empresa comenzó a recibir información antes de abrirse el concurso
La secuencia temporal es uno de los principales elementos bajo sospecha. El Estado puso fin a los contratos con Lounge Event el 23 de junio. Según la cronología oficial de la Agencia Nacional de Organización de Eventos, los trabajos para definir las nuevas necesidades comenzaron el 24 de junio.
Pero un correo publicado por Hadházy muestra que ese mismo día Lounge ya estaba proporcionando directamente a Hardrock información económica sobre el proyecto.
Entre otros datos, recibió el valor del contrato relacionado con los fuegos artificiales: 1.867 millones de florines brutos, alrededor de 5,15 millones de euros. Radnai volvía a aparecer copiado.
Las otras empresas tuvieron prácticamente imposible competir
El Gobierno decidió el 2 de julio mantener las celebraciones de San Esteban, aunque reduciendo su alcance, y seleccionó las compañías que serían invitadas al procedimiento.
La Agencia Nacional de Organización de Eventos abrió finalmente el concurso negociado de emergencia el 7 de julio e invitó a tres empresas. Pero sólo Hardrock terminó presentando una oferta.
Las otras dos compañías consultadas posteriormente por el medio económico G7 aseguraron que no supieron que serían invitadas hasta el propio 7 de julio y que renunciaron porque el plazo concedido era demasiado corto para preparar una propuesta seria.
Hardrock, entretanto, llevaba más de dos semanas accediendo a información específica sobre el proyecto. El procedimiento terminó el 14 de julio y el contrato se firmó al día siguiente.
Esta diferencia temporal constituye el núcleo de las sospechas: por qué una empresa dispuso anticipadamente de información comercial y técnica relevante mientras sus competidores conocieron el concurso cuando prácticamente no tenían tiempo para participar.
Un antiguo dirigente de Tisza ya estaba vinculado a otra investigación
La participación de Miklós Zelcsényi añade todavía más presión al Gobierno. Antes de incorporarse a Tisza en 2024, Zelcsényi ya había aparecido relacionado con una investigación por presunto fraude presupuestario. Su empresa organizó en 2017 el triatlón Budapestman utilizando alrededor de 180 millones de florines de ayudas públicas —unos 497.000 euros— procedentes de la Federación Húngara de Triatlón.
Más de 32 millones de florines terminaron en compañías relacionadas con el entorno del entonces responsable de la federación, Béla Bátorfi, conocido también por haber sido dentista de Viktor Orbán.
Investigadores fiscales interrogaron a Zelcsényi como sospechoso en junio de 2025 por un supuesto fraude presupuestario. Él ha negado cualquier irregularidad y abandonó sus funciones dentro de Tisza meses después.
Radnai niega haber tenido influencia
Márk Radnai había afirmado anteriormente que desde el 9 de mayo se ocupaba únicamente de consultas sociales y que no tenía visibilidad ni influencia sobre la organización de eventos estatales. Sin embargo, los correos publicados plantean preguntas sobre esa versión, debido a que su nombre aparece repetidamente en las comunicaciones previas a la contratación.
Radnai ha defendido posteriormente que el mercado húngaro de organización de grandes eventos ha estado dominado durante dos décadas por un pequeño número de empresas y que el nuevo Gobierno no podía reconstruir todo el sector desde cero.
La explicación no resuelve, sin embargo, la principal cuestión planteada por Hadházy: por qué Hardrock obtuvo información sensible antes que el resto de posibles licitadores.
Fidesz denuncia el caso y Mi Hazánk acude a la Fiscalía
La polémica ya ha abandonado el terreno exclusivamente mediático. Fidesz presentó el 24 de agosto una comunicación de interés público ante la Autoridad de Contratación Pública.
Por su parte, el líder de Mi Hazánk, László Toroczkai, ha presentado una denuncia penal por una posible restricción de la competencia dentro del procedimiento de contratación. Hadházy también ha anunciado que acudirá por su cuenta a las autoridades si el Gobierno no adopta medidas.
Por ahora, no existe una resolución judicial que determine que el concurso estuviera efectivamente amañado, pero la documentación divulgada ha colocado al joven Ejecutivo de Péter Magyar ante una incómoda contradicción política.