Cuatro eurodiputados escandinavos han redactado una misiva contra Rud Pedersen (RP), una agencia danesa de asuntos públicos contratada por Marruecos para defender sus intereses tras el revés de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tumbaron los acuerdos agrícola y pesquero entre Bruselas y Rabat. En la carta adelantada por El Independiente, denuncian que la firma está ejerciendo presión en la capital comunitaria con el objetivo de encontrar vías para sortear las restricciones impuestas por los tribunales.

Los parlamentarios Per Clausen, Hanna Gedin, Jonas Sjöstedt y Jussi Saramo, han sido especialmente críticos con la implicación de RP en la estrategia de Marruecos. Según explican, la agencia danesa ha sido contratada a través de la Confédération Générale de Enterprises du Maroc (CGEM), pero esto no la exime de su responsabilidad en la defensa de los intereses de una «potencia ocupante». Además, destacan la contratación en la oficina de Londres de RP de la hija del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita, lo que consideran un ejemplo de los estrechos vínculos entre la compañía y el gobierno de Rabat.

En su carta, los eurodiputados recalcan que «trabajar para una potencia ocupante, ya sea directa o indirectamente, no sólo es moralmente incorrecto, sino que contribuye a un mundo menos estable». También insisten en que esta situación debería acarrear consecuencias políticas, especialmente cuando se trata de facilitar acuerdos comerciales que permitan a Marruecos explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental, un territorio cuya ocupación ha sido declarada ilegal por organismos internacionales.

El trasfondo del conflicto radica en que Rabat ha tratado reiteradamente de alcanzar acuerdos con la Unión Europea para vender los derechos de explotación de los recursos del Sáhara Occidental a compañías europeas, sin obtener el consentimiento del pueblo saharaui. En octubre, la justicia europea falló en contra de Marruecos al considerar que esos pactos vulneraban el derecho internacional. Sin embargo, según los parlamentarios nórdicos, RP estaría operando con la intención de favorecer un nuevo acuerdo que, como los anteriores, podría chocar con la legislación de la UE.

En el contexto de estas maniobras, los eurodiputados han señalado que no sólo RP está al servicio de los intereses marroquíes en Bruselas. En España, la agencia de asuntos públicos Acento, dirigida por el ex secretario de Organización del PSOE José Blanco, también ha trabajado en la misma línea. Entre sus integrantes figuran exdirigentes de PP y PSOE, como la ex vicesecretaria socialista Elena Valenciano o el exministro popular Alfonso Alonso, así como familiares de figuras relevantes en la política europea, como el hijo del vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.