Marruecos ha empezado a demoler grupos de viviendas que se levantaron hace décadas —algunas propiedad de españoles— para construir complejos turísticos con la vista puesta en el Mundial de Fútbol de 2030. Sin previo aviso ni compensación económica, numerosos propietarios han visto cómo sus inmuebles han sido reducidos a escombros, sin siquiera poder retirar sus pertenencias. Este plan de renovación urbana ha afectado especialmente a segundas residencias de ceutíes y melillenses, quienes han denunciado la falta de garantías y el trato arbitrario por parte de las autoridades marroquíes.
Las primeras demoliciones se llevaron a cabo en la costa atlántica a finales de 2023, pero ahora se han extendido a la franja mediterránea. Playas como Dalia, en la carretera entre Ceuta y Tánger, y localidades como Beliones, cerca de la frontera ceutí, han sido algunas de las más perjudicadas. También se han registrado desalojos forzosos en Charrana, en el cabo Tres Forcas, donde varias familias melillenses han perdido sus viviendas de más de medio siglo de antigüedad.
El proceso de transformación urbanística está impulsado por inversiones procedentes del golfo Pérsico, con el objetivo de reforzar la oferta hotelera del país dentro del denominado Proyecto 2035. Una autoridad local de Nador ha señalado que grandes cadenas internacionales han adquirido extensos terrenos a lo largo de la costa, desde Tetuán hasta Melilla. «A la franja costera entre Melilla y Bouyafar la llaman ahora la ciudad Baréin», explica, en referencia a la magnitud de las inversiones extranjeras.
En un primer momento, el gobierno marroquí se centró en desmantelar asentamientos precarios y construcciones sin licencia. Sin embargo, con el tiempo, las demoliciones han alcanzado propiedades con permisos en regla, dejando a numerosos residentes sin margen de maniobra. «Pagamos impuestos y tenemos escrituras, pero nos han dado 48 horas para irnos», lamenta un ceutí que tenía una casa en primera línea de playa cerca de la frontera de El Tarajal.
La polémica ha llegado al Parlamento marroquí, donde Abdellah Bouanou, líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), ha denunciado la arbitrariedad de los desalojos y la falta de compensaciones para los afectados. En una interpelación al ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, Bouanou exigió explicaciones sobre si estas actuaciones respetan las leyes urbanísticas 12.90 y 25.90, que regulan las construcciones y su demolición en Marruecos.
El propio ministro ha defendido que la demolición de edificaciones en terrenos públicos responde a una estrategia de «control y erradicación de irregularidades urbanísticas». Según explicó, se están eliminando construcciones sin licencia en suelo de titularidad estatal, así como en áreas protegidas según los planes de ordenación del territorio.
