Un grupo de eurodiputados está reclamando a las instituciones comunitarias que sitúen entre sus prioridades la lucha contra las redes organizadas de explotación sexual de menores, tras registrar una iniciativa para que el Parlamento Europeo debata y apruebe una resolución sobre «la necesidad de combatir las bandas de explotación sexual de inmigrantes».

La propuesta ha sido impulsada por el eurodiputado sueco Charlie Weimers, vicepresidente del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), quien recientemente presentó un «mapa de la inmigración» que muestra los municipios de Suecia con mayor concentración de población inmigrante.

En una carta abierta dirigida a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros, los firmantes reclaman una respuesta coordinada frente a las organizaciones criminales implicadas en la explotación sexual de menores y denuncian la necesidad de reforzar la cooperación para perseguir este tipo de delitos.

La resolución propuesta cita las investigaciones realizadas en el Reino Unido sobre las conocidas bandas de explotación sexual infantil, incluidos los escándalos que durante años destaparon redes de abusos sistemáticos contra menores. A juicio de los eurodiputados, estos casos obligan a analizar si existen estructuras similares en otros países europeos, con el objetivo de determinar el alcance del fenómeno y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la Unión Europea debe respaldar a los Estados miembros en la lucha contra estas redes criminales y facilitar una mayor coordinación entre las autoridades policiales y judiciales.

Asimismo, la carta anima a los gobiernos nacionales a estudiar medidas más severas contra los extranjeros condenados por delitos sexuales de especial gravedad. Entre ellas figura la posibilidad de proceder a su deportación una vez cumplidas las condiciones previstas por la legislación aplicable, siempre que resulte legalmente posible.

Con esta iniciativa, el grupo de eurodiputados pretende abrir un debate en el Parlamento Europeo sobre la dimensión transnacional de estas organizaciones y la necesidad de reforzar tanto la persecución penal como los mecanismos de protección de las víctimas.