Le está costando, pero Europa empieza a ver que mantener la invasión es insostenible desde todos los puntos de vista, y que la solicitud de asilo se ha convertido en un coladero donde el fraude es omnipresente. Y está cerrando el grifo.
En agosto se presentaron en Austria 223 primeras solicitudes de asilo, una cifra que no se veía desde hace dos décadas. En el mismo mes de 2025 habían sido 675. El descenso en doce meses es del 67%. Y no se trata de un mes excepcional: entre enero y agosto, el número total de solicitudes de asilo ha caído un 45%.
Aún más llamativo: hasta finales de agosto, 10.440 extranjeros tuvieron que abandonar Austria, voluntariamente o por la fuerza. En el primer semestre del año sólo se habían presentado unas 2.200 primeras solicitudes de asilo. El Ministerio del Interior austríaco ha encontrado incluso un nombre para la situación: «inmigración negativa». Austria es el caso más espectacular de un fenómeno que se extiende por Europa.
Las solicitudes de asilo han caído un 23% en el continente durante los ocho primeros meses del año. Polonia registra un descenso del 61%; España, del 37%; Alemania, del 32%; Grecia, del 21%; Francia, del 16%. Los últimos datos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea confirman la tendencia: los países de la UE, junto con Noruega y Suiza, recibieron 332.000 solicitudes de protección internacional durante el primer semestre de 2026, un 17% menos que un año antes y la cifra más baja para ese periodo desde 2021.
También llegan menos inmigrantes por mar. Unas 60.000 personas habían alcanzado Europa a través del Mediterráneo y el Atlántico hasta mediados de septiembre, frente a las 98.000 del mismo periodo de 2025. Un descenso del 39%. Algo está cambiando en Europa.
Van ya para once años desde que Angela Merkel, en aquel fatídico verano de 2015, invitó a todos los refugiados potenciales del Tercer Mundo a instalarse en Alemania con aquel terrible «Wir schaffen das», podemos hacerlo. Lo que vino después, como suele decirse, es historia: Europa se ha visto virtualmente inundada por una ola de inmigración procedente, sobre todo, de Oriente Medio y el Norte de África que está diluyendo las identidades nacionales y sobrecargando sus Estados del Bienestar. Ahora la palabra de moda es “deportación”.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han creado un grupo informal, el llamado Grupo de los Cinco, para negociar conjuntamente la creación de centros de retorno fuera de territorio europeo. Los cinco gobiernos quieren cerrar este mismo año acuerdos con terceros países para enviar allí a extranjeros sin derecho de residencia. Dinamarca espera que los primeros traslados puedan realizarse en 2027.
La composición del grupo explica mejor que cualquier discurso hasta qué punto ha cambiado Europa. Está Dinamarca, que lleva años aplicando una de las políticas migratorias más restrictivas del continente. Está Austria. Pero están también Alemania y Países Bajos, dos países que hace una década ocupaban un lugar muy diferente en el debate migratorio europeo.
Y está la propia Unión Europea. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo entró plenamente en aplicación el pasado 12 de junio. Entre otras cosas, establece procedimientos acelerados en frontera para determinados solicitantes y presta especial atención a quienes proceden de países considerados seguros o cuyas nacionalidades tienen una tasa europea de reconocimiento inferior al 20%.
No es un detalle menor. El 56% de las solicitudes presentadas durante el primer semestre de este año procedía de nacionalidades incluidas en alguno de esos supuestos. Bangladeshíes, egipcios y venezolanos obtuvieron protección en primera instancia en apenas un 2% o un 3% de los casos.
Europa empieza a distinguir con mucha mayor rapidez entre quien tiene posibilidades razonables de obtener protección y quien probablemente tendrá que marcharse. El siguiente problema es conseguir que se marche.
Durante años ése ha sido uno de los grandes agujeros del sistema europeo de inmigración. Rechazar una solicitud de asilo no equivalía necesariamente a devolver al solicitante a su país. Recursos judiciales, dificultades para identificar al extranjero, falta de cooperación de los países de origen y la desaparición del solicitante antes de la expulsión convertían muchas órdenes de salida en poco más que papel administrativo. Bruselas ha decidido ahora ir al núcleo del problema. Las nuevas normas europeas sobre retornos facilitan las expulsiones, crean una orden europea común de retorno y permiten que los Estados establezcan centros en terceros países para quienes hayan recibido una resolución definitiva de expulsión.
Lo que hace apenas unos años parecía una excentricidad danesa o una obsesión de Viktor Orbán empieza a convertirse en política europea. Austria ofrece quizá el caso más claro. Viena suspendió temporalmente la reagrupación familiar para refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria. Entre enero y agosto de 2025 habían entrado por esa vía 979 personas. En el mismo periodo de este año fueron 60, limitadas prácticamente a casos de especial gravedad social. El Gobierno quiere sustituir posteriormente la suspensión por una cuota que ya anuncia como muy reducida.
También ha prolongado otros seis meses los controles fronterizos con Hungría, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia y ha extendido la vigilancia desde los propios pasos fronterizos hacia el interior. La policía austríaca trabaja incluso en territorio húngaro mediante la Operación Fox para combatir las redes de tráfico de inmigrantes antes de que alcancen Austria.
El efecto sobre las rutas es visible. El Ministerio del Interior asegura que las mafias están evitando ya el país y desviándose hacia la llamada ruta costera de los Balcanes. En una semana de septiembre, la Policía sólo detectó una entrada ilegal en todo Burgenland, el estado austríaco fronterizo con Hungría. Allí no se registra una nueva solicitud de asilo desde el 9 de julio.
Austria combina la reducción de entradas con el aumento de salidas. Hasta finales de agosto habían abandonado el país 10.440 extranjeros, 5.275 de ellos mediante expulsión forzosa. Casi la mitad de estos últimos habían sido condenados por delitos. Desde la caída del régimen de Bashar al Assad, unos 2.000 sirios han regresado además a su país; en 2023 y 2024 juntos habían sido alrededor de 200.
Las cifras han permitido al Gobierno cerrar buena parte de la infraestructura creada durante los años de mayor presión migratoria. Austria tenía más de treinta centros federales de acogida hace dos años. Ahora quedan siete y el Ministerio del Interior considera probable reducir todavía más su número.
Italia está actuando en otro frente: la integración. Giorgia Meloni anunció el pasado domingo que su Gobierno llevará al Consejo de Ministros una norma que limitará legalmente el número de alumnos extranjeros por clase. El proyecto obligará también a aprender italiano a los padres de alumnos extranjeros que presenten graves dificultades de integración y prohibirá el burka y el niqab en las escuelas.
El razonamiento de Meloni es sencillo. Un niño que no habla italiano puede aprenderlo rápidamente si está rodeado de compañeros que sí lo hablan. Cuando quienes desconocen la lengua son muchos o llegan a constituir la mayoría de la clase, ese mecanismo deja de funcionar. Los alumnos sin ciudadanía italiana representan ya el 11,6% del total en las escuelas del país.
También aquí ha cambiado el terreno político. El debate ya no gira exclusivamente alrededor de cuántos inmigrantes puede recibir Italia. Empieza a ocuparse de qué condiciones puede imponer a quienes ya están allí.
El giro alcanza incluso al Reino Unido gobernado por los laboristas. Las cifras oficiales publicadas en septiembre contabilizan 80.286 retornos desde julio de 2024 hasta finales de julio de este año, entre salidas forzosas y voluntarias. De ellos, 19.622 fueron expulsiones forzosas de personas sin derecho legal a permanecer en el país y 11.733 correspondieron a delincuentes extranjeros. Sólo en los doce últimos meses contabilizados hubo 39.690 retornos. El Gobierno de Andy Burnham mantiene además la ampliación en un 40% de la capacidad de los centros de internamiento emprendida por su predecesor y ha reforzado con Francia el control del Canal. Las llegadas en pequeñas embarcaciones cayeron un 23% en los doce meses terminados en junio, de 43.309 a 33.374. El mensaje oficial sigue siendo inequívoco: quien carezca de derecho a permanecer en el Reino Unido debe abandonar el país. La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, lo resume con una frase que habría resultado difícil imaginar en boca de un ministro laborista hace unos años: quien entre ilegalmente en el país «no podrá quedarse».
Queda mucho trecho entre las declaraciones y la realidad. Europa acumulaba a finales de junio unos 770.000 expedientes pendientes sólo en primera instancia y alrededor de 1,18 millones si se cuentan recursos y revisiones. Crear centros de retorno fuera de la UE plantea además problemas jurídicos, diplomáticos y económicos. El Consejo de Europa y varias organizaciones humanitarias advierten de posibles vulneraciones de derechos y dudan de que los centros puedan absorber un número significativo de expulsados.
También hay importantes diferencias nacionales. Francia e Italia siguen recibiendo decenas de miles de solicitudes y Grecia continúa soportando la mayor presión en relación con su población. Algunas nacionalidades aumentan incluso mientras el total disminuye: las solicitudes de sudaneses, por ejemplo, han crecido con fuerza. El de España, por desgracia, es un caso aparte, un caso patológico.
Europa está levantando controles, acelerando procedimientos, negociando centros de retorno fuera de sus fronteras, limitando la reagrupación familiar y aumentando las expulsiones. Gobiernos conservadores, liberales, socialdemócratas y laboristas aplican, con distinta intensidad y distinto lenguaje, políticas que hace una década estaban confinadas en buena medida a los partidos situados a la derecha del consenso europeo.
Al mismo tiempo, las cifras están cayendo. En 2015 se presentaron más de 1,2 millones de solicitudes de asilo en la Unión Europea. Aquella crisis transformó la política continental, impulsó a partidos hasta entonces marginales y convirtió la inmigración en uno de los asuntos centrales de prácticamente todas las elecciones europeas.
