
Las propias oficinas alemanas encargadas de decidir quién puede permanecer en el país o acceder a la ciudadanía emplean a un número creciente de trabajadores que no tienen nacionalidad alemana y que, en algunos casos, ni siquiera cuentan con un permiso de residencia permanente.
Así lo revela una investigación de Apollo News, que ha consultado a distintas administraciones de todo el país sobre la nacionalidad y el estatus migratorio de los funcionarios con competencias en materia de extranjería.
El caso más llamativo se encuentra en Hamburgo, donde de los 423 empleados de la Oficina de Migración —que también tramita nacionalizaciones— 13 son ciudadanos de otros países de la Unión Europea y 24 proceden de terceros países. De esos 24 extracomunitarios, 14 disponen únicamente de un permiso de residencia temporal.
Pese a ello, la ciudad ha confirmado que no existen restricciones especiales sobre su capacidad de decisión. «Todos los empleados de la Oficina de Migración están autorizados a adoptar y firmar decisiones en el marco de las funciones que les han sido asignadas», respondió la administración hamburguesa.
La polémica comenzó meses atrás después de que la televisión pública regional de Hesse emitiera un reportaje sobre el funcionamiento de una oficina de extranjería en Darmstadt. En él aparecía un trabajador iraquí que no tenía nacionalidad alemana ni permiso de residencia permanente y que, sin embargo, participaba directamente en decisiones sobre el derecho de residencia de otros extranjeros.
El caso provocó una fuerte controversia en Alemania y llevó a Apollo News a investigar si se trataba de una excepción. La conclusión fue que la práctica está extendida en numerosas ciudades.
En Múnich, el 19% de los empleados del servicio encargado de inmigración y nacionalización no tiene pasaporte alemán. La ciudad se negó a especificar cuántos de ellos son ciudadanos comunitarios, cuántos proceden de países extracomunitarios o cuántos disponen únicamente de permisos temporales. La administración alegó además que no recopila estadísticamente si sus trabajadores extranjeros cuentan con permisos de residencia permanentes.
En Mannheim, el porcentaje de empleados sin nacionalidad alemana alcanza el 17,1%. La oficina local cuenta con cuatro trabajadores procedentes de otros países de la UE y tres extracomunitarios. De estos últimos, sólo uno tiene permiso de residencia permanente.
En Stuttgart, 13 de los 111 empleados con capacidad para decidir sobre expedientes de residencia carecen de nacionalidad alemana. Siete son ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea. La administración tampoco quiso revelar cuántos de ellos disponen únicamente de permisos temporales.
El caso de Berlín resulta igualmente significativo. De los aproximadamente 600 empleados que tramitan cuestiones relacionadas con permisos de residencia, 46 no tienen nacionalidad alemana. La Oficina Estatal de Inmigración se negó a precisar cuántos proceden de países de la UE y cuántos de terceros países, alegando la necesidad de proteger los «intereses privados» de sus trabajadores.
La propia administración confirmó, sin embargo, que no existen limitaciones específicas sobre la capacidad de decisión de los empleados extracomunitarios. En Dortmund trabajan cinco ciudadanos comunitarios y siete extracomunitarios dentro de la oficina de inmigración.
En Essen, el departamento responsable también de asuntos de ciudadanía emplea a diez ciudadanos de otros países de la UE y nueve de fuera de la Unión. En Frankfurt, cinco de los 126 funcionarios con competencias directas sobre procedimientos de residencia son ciudadanos extracomunitarios.
Otras administraciones han optado directamente por no proporcionar información. La oficina de extranjería de Darmstadt, donde se produjo el caso que originó la polémica, se negó a revelar si existen otros trabajadores en circunstancias similares.
Su abogado se limitó a señalar que la legislación alemana no establece, con carácter general, normas diferentes para los trabajadores procedentes de terceros países. Colonia tampoco quiso aportar datos. La investigación muestra además que las administraciones consultadas niegan que exista un posible conflicto de intereses.
Las autoridades sostienen que la selección del personal debe depender exclusivamente de la cualificación profesional y que ni la nacionalidad ni el tipo de permiso de residencia deben condicionar las competencias del funcionario.
La situación ha abierto un debate político sobre la gestión del sistema migratorio alemán. En la práctica, ciudadanos extranjeros —algunos de ellos con un estatus de residencia todavía temporal— pueden adoptar decisiones que determinan si otros extranjeros tienen derecho a permanecer en Alemania.
En determinados organismos, además, esos mismos departamentos participan en procedimientos de naturalización. La cuestión adquiere todavía mayor importancia porque la obtención de un permiso de residencia permanente puede convertirse posteriormente en la puerta de entrada a la ciudadanía alemana y al derecho de voto.