El Gobierno de Gibraltar está estudiando trasladar a España a los condenados por los delitos sexuales más graves contra menores ante la falta de espacio en su sistema penitenciario. La propuesta ha sido planteada por el ministro de Justicia del Peñón, Nigel Feetham, que también contempla recurrir a prisiones de Marruecos y El Salvador para evitar la excarcelación anticipada de estos delincuentes.

Según ha revelado el periódico Gibraltar Chronicle, el Ejecutivo gibraltareño busca alternativas al aumento de los procedimientos judiciales por abusos sexuales contra menores y a las limitaciones de su única cárcel, Windmill Hill.

El centro penitenciario tiene capacidad para 98 internos y actualmente alberga a 40 reclusos. Sin embargo, el módulo destinado específicamente a delincuentes sexuales sólo dispone de 22 plazas, una cifra que podría resultar insuficiente si prosperan las causas judiciales actualmente abiertas.

Los tribunales de Gibraltar tramitan 15 procedimientos relacionados con delitos sexuales, nueve de ellos vinculados a menores. Según los cálculos facilitados al ministro, si todos acabaran en condena, el número de internos por esta clase de delitos ascendería a 23, superando la capacidad del módulo especializado.

España figura entre los posibles destinos

Feetham ha reconocido que está considerando la posibilidad de enviar a los delincuentes más peligrosos a centros penitenciarios extranjeros para que cumplan allí sus penas. «Estoy considerando que, si fuera necesario, se pudiera trasladar a estos presos a una cárcel española o marroquí para que cumplieran allí sus condenas», ha explicado al periódico gibraltareño. El ministro todavía no ha iniciado conversaciones oficiales con España, aunque sí ha mantenido contactos con representantes de El Salvador y prepara acercamientos con las autoridades marroquíes.

La alternativa salvadoreña presenta dificultades por la distancia geográfica, mientras que la proximidad de los centros penitenciarios españoles convierte a España en una de las opciones consideradas. Feetham ha insistido en que los traslados afectarían únicamente a los condenados por los delitos más graves contra menores y estarían sujetos a las garantías constitucionales correspondientes.