El Gobierno de Italia ha adoptado un proyecto legislativo que pretende establece nuevas medidas «para combatir la inmigración ilegal masiva», incluyendo un «bloqueo naval» a embarcaciones con inmigrantes ilegales a bordo en su travesía a las costas italianas. El proyecto de ley requiere de la aprobación por parte de ambas cámaras legislativas para poder salir adelante.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha celebrado que finalmente «el Ejecutivo ha cumplido otro compromiso que asumimos con la ciudadanía: la posibilidad —en caso de graves amenazas al orden público y la seguridad nacional, riesgo de terrorismo, pero también una presión migratoria excepcional— de impedir el cruce de las aguas territoriales italianas y transportar a los migrantes a bordo de dichas embarcaciones prohibidas a terceros países».

Este plan incluye «procedimientos más rápidos para la expulsión de extranjeros condenados» y amplía los casos en los que un extranjero que comete un delito para ser deportado, entre ellos la «agresión a un funcionario público, esclavitud y violencia doméstica», ha indicado la jefa del Ejecutivo, alegando que «si quieres vivir en Italia, debes respetar las leyes del Estado italiano o serás expulsado».

Meloni ha aprovechado para arremeter contra los jueces que han permitido que un inmigrante ilegal argelino, con 23 condenas a sus espaldas, no sea expulsado de Italia, y además el Estado le pague 700 euros de ayuda. «El Gobierno seguirá trabajando para forzar las repatriaciones de ilegales para garantizar la seguridad de los ciudadanos», ha recalcado Meloni, quien ha lamentado la ideologización de algunos jueces que ponen trabas a la mejora de la seguridad pública.

La primera ministra ha asegurado que bajo su mandato los desembarques relacionados con la inmigración ilegal han disminuido un 60%, mientras que las repatriaciones han aumentado un 55%. Estas cifras «nos animan a mejorar aún más, y tenemos la intención de hacerlo», ha defendido.