Los partidos que representan a la izquierda han reaccionado de manera furibunda a la decisión del Tribunal Supremo de suspender la aplicación de la llamada «ley de nietos» socialista atendiendo a la reclamación judicial presentada por los letrados de VOX, Jorge Buxadé y Marta Castro.
La resolución supone un revés para la aplicación que se estaba realizando de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en materia censal. En concreto, el Supremo establece que quienes hayan obtenido la nacionalidad por esta vía pero todavía no estén incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán completar la tramitación de su expediente, aunque, una vez finalizado, su inscripción quedará suspendida hasta que exista sentencia.
Tras conocerse el auto del Alto Tribunal, el Gobierno dijo «no compartir» la decisión aunque mostró «su confianza en la imparcialidad de la Justicia». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pide al Tribunal Supremo que resuelva «lo antes posible» y antes de los procesos electorales de 2027 «el fondo de la cuestión».
Mucho más visceral se mostró la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha criticado la decisión y ha afirmado que «estamos ante la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne«. En su opinión, «resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos«.
La portavoz comunista cree que la decisión del Supremo es «tremendamente preocupante» y «abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima porque restringe el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello».
