La primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, prepara una transformación profunda del sistema eléctrico con el objetivo de abaratar la energía y aliviar la presión sobre hogares e industrias. El Gobierno pretende intervenir directamente en el funcionamiento del mercado para reducir los elevados costes que arrastra el país desde la crisis energética.

La iniciativa, que será debatida esta semana, contempla que el Estado compense a las centrales de gas por el gasto que soportan al comprar derechos de emisión de CO₂ dentro del sistema europeo. Dado que estas plantas suelen marcar el precio en el mercado mayorista, la medida supondría, en la práctica, eliminar el impacto del carbono en las facturas finales.

Italia figura entre los países con la electricidad más cara de Europa: ocupa el segundo puesto para las empresas y el cuarto para los consumidores domésticos. Con este cambio, el Ejecutivo busca destinar miles de millones en apoyo indirecto, reduciendo los costes estructurales que afectan especialmente a los sectores industriales con gran consumo energético.

El anuncio ya ha sacudido los mercados. Los contratos a plazo de la electricidad italiana han encadenado varias sesiones de caídas y acumulan descensos cercanos al 15% en lo que va de mes. Los inversores anticipan que la reforma reducirá los ingresos de compañías del sector, incluidas grandes eléctricas y productores renovables que se benefician del actual sistema de precios.

El plan forma parte de una estrategia más amplia para recuperar competitividad industrial, cerrar la brecha entre el precio del gas italiano y la referencia neerlandesa TTF, y corregir desequilibrios que, según Roma, perjudican a su economía frente a otros países europeos.

El diseño propuesto cuestiona directamente el modelo marginalista europeo, en el que la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda fija el precio de toda la energía. Cuando suben los derechos de emisión, el coste se traslada a todo el sistema, incluso si una parte importante de la producción procede de fuentes renovables más baratas.

Este esquema ha generado controversia desde el fuerte encarecimiento del gas en 2022, que disparó la factura eléctrica en toda Europa. Aunque la Unión Europea introdujo cambios en 2023, mantuvo la lógica básica del mercado. Bruselas ha mostrado cautela ante reformas más profundas, pese a la presión de gobiernos y grandes industrias.

La Comisión Europea prevé volver a analizar el funcionamiento del sistema antes de la cumbre de primavera y estudiar posibles ajustes tanto en el mercado eléctrico como en el régimen de emisiones. Sin embargo, cualquier modificación a escala comunitaria podría tardar años.

Ante esa lentitud, el Ejecutivo italiano ha optado por actuar por su cuenta. Expertos del sector señalan que el coste del carbono puede representar hasta un 30% del precio de la electricidad en algunos mercados. Si la propuesta prospera, el efecto sería inmediato en los precios mayoristas y podría inspirar medidas similares en otros Estados miembros que afrontan problemas energéticos parecidos.