El Parlamento de Suecia ha aprobado un proyecto de ley del gobierno que endurece de nuevo la política migratoria del país y elimina la posibilidad de conceder permisos de residencia permanente a solicitantes de asilo y a otros colectivos de inmigrantes incluidos en la reforma.

La nueva legislación entrará en vigor el 12 de julio. Desde ese momento, las personas afectadas por las nuevas normas sólo podrán recibir permisos de residencia temporales. Quienes ya tengan reconocida la residencia permanente conservarán su situación actual y no se verán afectados por el cambio.

Aunque los permisos temporales ya se habían convertido en la vía habitual en Suecia, la reforma da un paso más al cerrar la puerta a que determinados grupos puedan transformar ese permiso en una residencia definitiva. El Ejecutivo sueco busca así reforzar el control sobre la permanencia de extranjeros en el país.

La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la violencia vinculada a bandas criminales. Suecia arrastra desde hace años graves problemas con tiroteos, ajustes de cuentas y enfrentamientos relacionados con redes dedicadas al narcotráfico, muchas de ellas integradas por individuos de origen inmigrante.

Según datos policiales difundidos en mayo, 23 personas ajenas a esas bandas han muerto y otras 30 han resultado heridas en tiroteos relacionados con pandillas durante los últimos tres años. Las autoridades sostienen que esas víctimas no eran los objetivos directos, sino que fueron alcanzadas por balas perdidas, confundidas con otras personas o atacadas por su relación con miembros de entornos criminales.

La policía sueca también ha alertado del aumento del reclutamiento de menores por parte de estas organizaciones. Las bandas utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada para captar adolescentes, a los que ofrecen dinero a cambio de cometer ataques o participar en acciones violentas.

Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es que muchos de esos reclutas tienen menos de 15 años, la edad mínima de responsabilidad penal en Suecia. Esa circunstancia los convierte en perfiles especialmente útiles para las redes delictivas, ya que no pueden ser procesados por la vía penal ordinaria.

El gobierno había planteado rebajar esa edad hasta los 13 años, pero finalmente renunció a esa propuesta por falta de apoyos suficientes en el Parlamento. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, anunció que el Ejecutivo trabajará ahora en una alternativa para situarla en los 14 años.

La reforma migratoria aprobada se suma a otras decisiones recientes dirigidas contra personas vinculadas a la delincuencia organizada. La Agencia Sueca de Migración ya había revocado anteriormente los permisos de residencia permanente de 11 individuos con fuertes conexiones con redes criminales y largas estancias fuera del país.

Según las autoridades, esas personas residían en lugares como Irak, Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos o España. Al perder su residencia permanente, también dejaron de tener acceso al sistema sueco de bienestar y quedaron sometidas a mayores restricciones para hacer negocios o desplazarse libremente por el espacio Schengen.

Con esta nueva ley, Suecia consolida un giro restrictivo en su política de inmigración, condicionado por la presión social ante la inseguridad, el auge de las bandas juveniles y la voluntad del Ejecutivo de reforzar los controles sobre quienes solicitan protección o residencia en el país.