Suecia ha aprobado una nueva ley para hacer frente a la inmigración masiva que exige ocho años de residencia, ingresos estables, no haber recibido ayudas sociales, conocer el idioma y superar un examen de valores y sociedad sueca para obtener la ciudadanía. La medida, aprobada por el Parlamento (Riksdag) el 29 de abril de 2026, entrará en vigor el próximo 6 de junio, coincidiendo con el Día Nacional de Suecia. Esta reforma representa uno de los cambios más significativos en la política de integración del país nórdico en las últimas décadas y busca garantizar que sólo aquellos que demuestren un compromiso real con la sociedad sueca accedan a la nacionalidad.
Hasta ahora, el requisito de residencia legal para solicitar la ciudadanía era de cinco años, con excepciones para ciudadanos nórdicos, cónyuges de suecos y refugiados. La nueva norma eleva ese plazo a ocho años de forma general y añade condiciones estrictas de autosuficiencia económica: los solicitantes deberán probar ingresos estables y no haber dependido de subsidios sociales como el unemployment benefit o la asistencia social durante los años previos. Además, se introduce por primera vez un examen oficial de idioma sueco (lectura, comprensión auditiva y nivel básico de escritura y habla) y una prueba de conocimientos sobre la democracia, los valores suecos y la sociedad.
El Gobierno sueco, liderado por una coalición conservadora con apoyo parlamentario de los Demócratas de Suecia, ha defendido la ley como una herramienta necesaria para reforzar la integración y reducir la carga sobre el Estado de Bienestar. Según datos oficiales, Suecia ha recibido en los últimos años una de las tasas de inmigración per cápita más altas de Europa, lo que ha generado debates sobre vivienda, empleo y cohesión social. Las autoridades argumentan que estos requisitos más exigentes ayudarán a que los nuevos ciudadanos contribuyan positivamente al país desde el primer día.
La oposición de centro-izquierda ha criticado la medida, considerándola «discriminatoria» y contraria al tradicional modelo sueco de apertura. Organizaciones de derechos humanos y algunas ONG de inmigrantes advierten que podría desincentivar la integración de personas que ya llevan años en el país y que enfrentan barreras laborales o lingüísticas. Sin embargo, encuestas recientes muestran que una mayoría de la población sueca apoya endurecer las reglas de ciudadanía, reflejando un cambio en el clima político tras años de tensiones relacionadas con la inmigración.
Con esta reforma, Suecia se alinea con la tendencia de varios países europeos —como Dinamarca, Países Bajos y Austria— que en los últimos años han endurecido sus leyes de nacionalidad. Los expertos estiman que el impacto será gradual, ya que las solicitudes en trámite antes del 6 de junio se regirán por las normas anteriores, pero a medio plazo podría reducir significativamente el número de nuevas ciudadanías concedidas anualmente. El Gobierno ha anunciado que publicará guías y cursos preparatorios gratuitos para facilitar el cumplimiento de los nuevos requisitos.
