La organización ecologista Greenpeace intenta evitar el pago de una millonaria condena impuesta en Estados Unidos recurriendo ahora a los tribunales europeos, en un movimiento que ha desatado fuertes críticas.

Un jurado estadounidense declaró a Greenpeace responsable de causar daños, interferir en actividades económicas y participar en acciones ilegales durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access. Como consecuencia, la justicia fijó una indemnización de 345 millones de dólares a favor de la empresa energética Energy Transfer.

Lejos de asumir el fallo o limitar su defensa a los tribunales norteamericanos, la ONG ha optado por trasladar la batalla a Europa. En concreto, ha acudido a un tribunal en Países Bajos para intentar bloquear el pago de esa multa y evitar que la sentencia tenga efectos fuera de Estados Unidos.

El think tank Consumer Choice Centre denuncia que Greenpeace está utilizando mecanismos legales europeos para intentar dejar sin efecto una sentencia ya dictada. «No estamos ante una defensa del medio ambiente, sino ante un intento de escapar de las consecuencias de una condena judicial», han señalado desde la organización.

El caso se remonta a las protestas de 2016 y 2017 contra el proyecto energético, donde —según la justicia estadounidense— se produjeron sabotajes, daños materiales y bloqueos que afectaron gravemente a la empresa promotora.

La maniobra de Greenpeace ha encendido las alarmas en distintos sectores, que advierten de un posible precedente peligroso: que organizaciones condenadas en un país intenten evitar sus responsabilidades trasladando el caso a otra jurisdicción. Según el Consumer Choice Centre, este tipo de estrategias puede debilitar la seguridad jurídica, afectar a grandes proyectos de infraestructura y encarecer la energía al generar incertidumbre para las inversiones.