El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha calificado de «indignante» e «irresponsable» el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que, por ello, su país «no está dispuesto a aceptar ni a un inmigrante».

El TJUE dictaminó hoy que Eslovaquia y Hungría deben acatar la política de reparto de refugiados en la Unión Europea y no pueden negarse a reubicar a solicitantes de asilo llegados desde Grecia e Italia.

Los jueces de la UE desestimaron los recursos de esos dos países contra el mecanismo de reubicación obligatoria de solicitantes de asilo acordado por los Gobiernos de la Unión en 2015.

En una rueda de prensa en Budapest, el jefe de la diplomacia húngara sostuvo que la decisión del alto tribunal europeo «no significa ninguna obligación de ejecución» y «pone en peligro la seguridad y el futuro de Europa».

«Hungría no está dispuesta a aceptar ni a un inmigrante, de ningún estatus», recalcó el ministro, recordando que su Gobierno se opone categóricamente desde el principio al sistema de reubicación.

Para Szijjártó la decisión del TJUE fue «política y no legal ni profesional» y la calificó como contraria al «derecho y los valores europeos».

Los planes de reubicación prevén la distribución desde Italia y Grecia -en solidaridad con esos miembros de la UE- de 120.000 personas necesitadas de protección internacional.

Según este sistema Hungría -con 10 millones de habitantes- debería aceptar a 1.294 refugiados.

Szijjártó avanzó que «la lucha legal comienza ahora» y que siguen oponiéndose al «fracasado» sistema de distribución de demandantes de asilo.

La Comisión Europea (UE) ya había iniciado un procedimiento de infracción contra Hungría, la República Checa y Polonia por no aceptar a refugiados dentro de los planes europeos de reubicación.

Las declaraciones del titular de Exteriores van en la línea de la posición del primer ministro conservador, Viktor Orbán, quien ha asegurado en el pasado que mientras gobierne «Hungría no aceptará ni a un inmigrante».

El Gobierno húngaro ha tenido varios conflictos y roces con Bruselas por su dura política migratoria y ha elevado vallas en sus fronteras del sur para detener a los refugiados y aplica una legislación draconiana que prevén hasta cinco años de cárcel por el cruce ilegal de sus fronteras.

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