El fabricante de muebles sueco IKEA ha perdido un caso judicial contra uno de sus empleados en Polonia tras despedirle por criticar el «adoctrinamiento LGTBI« al que están sometidos en la empresa. La justicia polaca ha fallado a favor de Janusz Komenda, un trabajador de Cracovia que fue cesado en 2019 después de haber expresado su disconformidad con una directiva interna que instaba a los empleados a ser «inclusivos con los LGBT+».

El caso ha pasado por varias instancias judiciales, desde un tribunal de distrito hasta el Tribunal Supremo de Polonia, que finalmente ha rechazado escuchar un recurso presentado por IKEA, consolidando así la victoria de Komenda. La sentencia sostiene que el ámbito laboral debe estar libre de presiones ideológicas y que la participación en iniciativas sociales promovidas por la empresa debe ser opcional, sin que nadie se sienta obligado a modificar sus convicciones personales.

Komenda utilizó citas bíblicas para respaldar su postura y fue despedido tras manifestar su oposición a la postura de la compañía. La resolución del Tribunal Supremo argumenta que IKEA actuó en contra de sus propios principios de inclusión al penalizar a un trabajador por su fe y sus creencias personales.

Desde hace años, IKEA ha adoptado una política progresista en su publicidad y en sus operaciones, promoviendo valores como la diversidad sexual y la lucha contra el cambio climático. En Polonia, la empresa ha sido criticada por boicotear medios conservadores como TV Republika y, en el Reino Unido, ha retirado su publicidad de cadenas como GB News.

El fallo ha sido celebrado por sectores conservadores en Polonia, incluyendo el partido Ley y Justicia (PiS), que calificó la actuación de IKEA como un ejemplo de «violencia jurídica y económica contra aquellos que no comparten la ideología pro-LGBTI». Ordo Iuris, un grupo legal de orientación conservadora que representó a Komenda, declaró que la sentencia refuerza la protección contra las grandes corporaciones que buscan imponer una agenda ideológica a sus empleados.

Olivier Bault, director de comunicaciones de Ordo Iuris, destacó la relevancia de este fallo y su posible influencia en casos similares en el país. En una entrevista con European Conservative, mencionó que el instituto actualmente está gestionando otro caso en Varsovia, donde un especialista en informática fue despedido tras criticar la obligatoriedad de asistir a la «Marcha de la Igualdad» impuesta por su empresa. Según Bault, no es tarea de una corporación tecnológica imponer afiliaciones políticas o ideológicas a su plantilla.