El Gobierno italiano ha anunciado una fuerte caída de las llegadas ilegales por vía marítima, con una reducción del 77% respecto a 2023 y del 52% frente a 2025 en el mismo periodo del año.

Los datos han sido presentados por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, durante una sesión parlamentaria, donde defendió los resultados de la política migratoria impulsada por el Ejecutivo de Giorgia Meloni desde su llegada al poder en octubre de 2022.

Según las cifras oficiales, el número total de repatriaciones ha aumentado más de un 40%. Además, en los primeros meses de 2026 se ha registrado otro incremento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2023, apenas el 3% de quienes desembarcaban irregularmente en Italia eran expulsados. En 2025, esa proporción subió al 10%. En los primeros meses de 2026 ya alcanza el 31%.

Piantedosi sostuvo ante el Parlamento que las cifras confirman el rumbo marcado por el Gobierno. «A la luz de estos elementos y de los datos que he expuesto, la única conclusión posible es que el Gobierno continuará con determinación el camino emprendido para garantizar legalidad y seguridad a los ciudadanos», afirmó.

La diputada de la Liga Simona Bordonali, en nombre de la coalición gubernamental, celebró los resultados y reiteró el apoyo de su formación a la línea del Ejecutivo. La parlamentaria destacó el aumento de efectivos policiales, la aceleración de contrataciones, las mejoras salariales para las fuerzas de seguridad, la caída de la criminalidad, el aumento de repatriaciones y el descenso de las llegadas ilegales.

Las cifras suponen una importante victoria política para Meloni, que convirtió el control de las fronteras en una de sus principales promesas electorales. Su Gobierno ha defendido desde el inicio que la inmigración ilegal no es un fenómeno inevitable, sino una cuestión de voluntad política, acuerdos internacionales, control marítimo y firmeza frente a las mafias.

El Ejecutivo italiano atribuye la reducción de llegadas a una combinación de acuerdos bilaterales con países del norte de África, operaciones de control naval, el esquema de centros de procesamiento de inmigrantes en Albania y una posición más dura frente a las embarcaciones de ONG que operan cerca de aguas libias.

La caída de las llegadas ha reducido la presión sobre el sistema de acogida italiano y sobre los servicios públicos, especialmente en las regiones costeras que durante años soportaron una parte desproporcionada del peso migratorio.