La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, en manos de VOX, ha desvelado un informe interno en el que detalla la sucesión de incidentes registrados en las últimas semanas en varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) de la comunidad. El documento recoge episodios de agresiones a trabajadores, peleas multitudinarias, amenazas de muerte, robos, fugas, consumo de drogas y actuaciones policiales, al tiempo que cifra en más de 5.000 euros al mes el coste que supone para las arcas públicas el mantenimiento de cada uno de estos menores.
El informe describe que entre finales de mayo y mediados de junio se produjeron numerosos altercados en centros como CATIM, CAIIMA y el centro de Peralta de la Sal. Entre los hechos relatados figuran menores que regresaron al centro bajo los efectos de las drogas y protagonizaron episodios de extrema violencia, agresiones contra otros internos, amenazas a educadores, daños en el mobiliario e incluso fugas de hospitales tras arrancarse las vías durante la atención médica. En varios de estos sucesos fue necesaria la intervención de la Policía y de los servicios sanitarios.
El documento también recoge varias agresiones sufridas por profesionales de los centros. Una trabajadora social tuvo que ser trasladada a Urgencias tras sufrir un fuerte ataque de ansiedad, mientras que otras educadoras resultaron lesionadas durante diferentes incidentes, con golpes, arañazos y contusiones. En una de las reyertas, que obligó a movilizar a once trabajadores para separar a los implicados, varios empleados fueron agredidos y uno de ellos recibió un golpe en la cabeza.
Entre los sucesos reflejados también aparecen detenciones practicadas fuera de los centros. El informe señala que dos menores fueron arrestados por la Policía por presuntos robos a viandantes, interviniéndoles varios teléfonos móviles, una cadena de oro y dinero en efectivo. Uno de ellos volvió a ser detenido al día siguiente, acusado de asaltar a una mujer de 90 años. Tras pasar por dependencias policiales, ambos regresaron al centro de menores, donde posteriormente se registraron nuevos episodios de fuga y consumo de marihuana.
Otro de los episodios más graves descritos tuvo lugar en el centro CAIIMA, donde varios menores sustrajeron cuchillos de la cocina y, horas después, protagonizaron una revuelta en la que amenazaron a los trabajadores, causaron desperfectos y advirtieron de que incendiarían las instalaciones. Al día siguiente, cinco menores agredieron en grupo a otro interno, que tuvo que ser hospitalizado con policontusiones. El Gobierno de Aragón decidió dispersar a los implicados entre distintos centros, aunque dos de ellos consiguieron huir y fueron localizados diez días después en Vitoria.
El informe, elaborado por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, concluye que estos episodios de conflictividad se han concentrado en apenas unas semanas y obligaron a reiteradas intervenciones policiales y sanitarias. Además, recuerda que cada menor extranjero no acompañado supone un coste superior a los 5.000 euros mensuales para las arcas públicas, una cifra que el departamento autonómico incorpora al balance económico del sistema de acogida.
