La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha comunicado este 12 de septiembre que no propondrá sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, a pesar de las reiteradas denuncias por violaciones graves a los derechos fundamentales y el Estado de derecho. Así responde a una carta enviada el 24 de julio por el eurodiputado polaco Dominik Tarczynski (ECR), suscrita además por catorce miembros del Parlamento Europeo, entre ellos el español Jorge Martín Frías, eurodiputado de VOX y miembro del grupo Patriotas por Europa.
La misiva firmada por Tarczyński solicita a la Comisión que proponga la imposición de sanciones selectivas contra el magistrado de Moraes y otros jueces del Supremo brasileño por su papel en la censura de medios, la persecución judicial sin garantías, la manipulación del proceso democrático y la violación sistemática del derecho a la libertad de expresión. En ella se cita como ejemplo la prohibición impuesta a Jair Bolsonaro para utilizar redes sociales, extendida incluso a terceros que difundan sus entrevistas, así como órdenes secretas para cerrar medios y congelar cuentas bancarias sin el debido proceso.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Kallas ha sido tajante en su negativa. «No tengo intención de proponer tales medidas», afirma en la carta oficial enviada. Además, ha defendido la «institucionalidad» brasileña y ha mostrado plena confianza en la actuación del Supremo Tribunal Federal, destacando que «la UE confía en el funcionamiento e independencia de las instituciones democráticas de Brasil y en el respeto compartido de valores como los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la libertad de expresión».
La negativa de Kallas ha provocado una reacción de decepción e indignación entre los eurodiputados firmantes de la carta, la mayoría de ellos vinculados a formaciones conservadoras y soberanistas, como VOX, PiS (Polonia) o Chega (Portugal). Estos parlamentarios alertan sobre el riesgo de que la UE guarde silencio ante una deriva autoritaria en uno de sus socios estratégicos en Iberoamérica.
«Desgraciadamente, en el Brasil actual, un juez no elegido está destruyendo la democracia en nombre de defenderla», advertía Tarczynski en su carta, recordando que el juez Moraes actúa simultáneamente como investigador, fiscal y juez, vulnerando principios básicos del derecho y criminalizando la disidencia política.
En su respuesta, Kallas ha subrayado que Brasil es un socio estratégico de la Unión Europea y destaca que en 2025 se celebra el 40º aniversario del retorno de la democracia en el país. No obstante, evita referirse al fondo de las denuncias formuladas por los eurodiputados y elude cualquier crítica a la actuación del Supremo brasileño, incluso en un contexto donde la persecución a líderes opositores como Bolsonaro es evidente.
La Alta Representante ha afirmado que la UE no interferirá en las decisiones internas de Brasil, cerrando así la puerta a la activación del Régimen Global de Sanciones por Derechos Humanos, un instrumento aprobado por la UE en 2020 para sancionar a personas implicadas en violaciones graves de libertades fundamentales.
Para Patriotas por Europa, este silencio cómplice de Bruselas frente al autoritarismo judicial en Brasil contrasta con la rapidez con la que la UE actúa ante situaciones similares en otros países. La negativa de Kallas pone de manifiesto, una vez más, la existencia de una doble vara de medir en política exterior, condicionada por afinidades ideológicas.
