El primer ministro británico, Keir Starmer, se enfrenta a una creciente presión política y social tras la llegada al Reino Unido de Alaa Abd el-Fattah, un activista egipcio con antecedentes públicos de odio antisemita y mensajes violentos, que obtuvo la ciudadanía británica sin pasar los controles habituales gracias a un resquicio legal vinculado al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

El caso ha provocado una tormenta política después de que salieran a la luz antiguos mensajes del propio Abd el-Fattah en redes sociales, en los que llamaba a matar a los «sionistas», incitaba a quemar Downing Street, pedía asesinar policías y describía a los británicos como «perros y monos». Pese a ello, Starmer le dio la bienvenida públicamente tras levantarse la prohibición de viaje que pesaba sobre él en Egipto.

Abd el-Fattah, encarcelado en Egipto entre 2019 y septiembre de este año, obtuvo la nacionalidad británica en 2021 a través de su madre, nacida en el Reino Unido. Sin embargo, no fue sometido al requisito de «buen carácter», una evaluación estándar que suele excluir a personas con antecedentes de extremismo, odio racial o violencia política. Este control fue eliminado tras una sentencia del Tribunal Supremo británico que consideró incompatible dicha exigencia con el CEDH.

La revelación ha reactivado el debate sobre la pérdida de soberanía jurídica del Reino Unido y el papel del CEDH en la imposibilidad de frenar el acceso a la ciudadanía de individuos hostiles a los valores occidentales. Hasta 2019, este tipo de solicitantes podían ser rechazados precisamente por sus manifestaciones públicas contrarias a la democracia, el Estado de derecho o la convivencia religiosa.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha exigido formalmente a la ministra del Interior la revocación inmediata de la ciudadanía y la deportación de Abd el-Fattah, calificando la decisión de permitir su entrada como «un error de juicio extraordinario». Farage ha confirmado además que ha informado del caso a la policía antiterrorista.

El escándalo también ha provocado reacciones en organizaciones judías, que han denunciado la «asombrosa falta de diligencia» del Gobierno. Grupos como Labour Against Anti-Semitism y la Campaign Against Anti-Semitism han reclamado que se retire la ciudadanía a quien consideran un agitador ideológico incompatible con una democracia liberal.

Desde Downing Street se ha intentado contener el daño alegando que el primer ministro desconocía los mensajes «repugnantes» de Abd el-Fattah cuando lo recibió. Sin embargo, la polémica ha dejado al descubierto un fallo sistémico: durante años, tanto gobiernos conservadores como laboristas apoyaron su liberación, pese a que ya en 2014 su candidatura al Premio Sájarov fue retirada por mensajes similares.