
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, obligará a todos los adultos a poseer tarjetas de identificación digitales como parte de un plan gubernamental destinado, supuestamente, a combatir la inmigración ilegal y la economía sumergida. Esta medida, bautizada ya como la «Brit card», podría ser anunciada oficialmente a finales de esta semana y supondrá un cambio profundo en la forma de verificar la identidad en el país.
Con este nuevo sistema, cualquier persona que desee alquilar una vivienda o acceder a un empleo deberá presentar su carné digital, que será cotejado de manera automática con una base de datos central que identifica a los ciudadanos y residentes con autorización legal para trabajar. La propuesta pretende acabar con la facilidad con la que algunos empresarios declaran falsamente haber comprobado documentos físicos, en muchos casos falsificados.
El Reino Unido es uno de los pocos países europeos que no cuenta con un sistema nacional de identificación, algo que, según sus críticos, ha favorecido la proliferación del trabajo en negro y ha convertido al país en un destino especialmente atractivo para la inmigración ilegal. Sin embargo, colectivos defensores de los derechos civiles han advertido que la digitalización obligatoria de la identidad puede suponer una grave amenaza para la privacidad de los ciudadanos.
No es la primera vez que se intenta instaurar una política de este tipo. El último gobierno laborista llegó a emitir en 2009 las primeras tarjetas físicas, aunque el proyecto fue cancelado poco después por la coalición conservadora-liberal, que lo consideró un recorte inaceptable de las libertades. Durante años, Downing Street también se mostró reacio a reabrir este debate, pero el creciente malestar social por la presión migratoria y el aumento de los centros de acogida ha impulsado al Ejecutivo a explorar de nuevo esta vía.
Dentro del propio gabinete hay voces encontradas. Yvette Cooper, actual ministra de Asuntos Exteriores y antigua responsable de Interior, ha sido tradicionalmente contraria a los carnés de identidad, defendiendo en su lugar el uso ampliado de visados electrónicos para monitorizar los movimientos de los migrantes. Por el contrario, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se ha mostrado plenamente partidaria de la iniciativa y la ha defendido con firmeza en las últimas semanas.
«Mi visión política a largo plazo siempre ha estado del lado de los carnés de identidad», aseguró Mahmood, subrayando que un sistema digital no sólo serviría para frenar la inmigración ilegal, sino también para reforzar la aplicación de leyes laborales y otras normativas. A su juicio, es imprescindible reducir los «factores de atracción» que convierten al Reino Unido en un destino preferente para quienes se desplazan por el mundo.
De confirmarse, el plan de Starmer supondría la creación del primer sistema nacional de identificación digital en la historia del país, con implicaciones tanto para el control de la migración como para la vida cotidiana de millones de británicos.