Las multitudinarias marchas propalestinas que han ocupado durante los últimos años las calles del Reino Unido podrían esconder una operación de influencia mucho más amplia. Una investigación del Congreso de Estados Unidos examina la presunta financiación procedente de una red vinculada al régimen chino a Code Pink, una organización de extrema izquierda que ha convocado protestas contra Israel y la presencia militar británica en el extranjero.

Según ha revelado The Telegraph, los investigadores estadounidenses analizan una serie de pagos realizados a una empresa británica relacionada con Code Pink. Las transferencias, efectuadas entre 2020 y 2024, ascienden a alrededor de 260.000 libras y procederían de entidades asociadas al empresario tecnológico Neville Roy Singham, investigado por sus posibles vínculos con la maquinaria propagandística de Pekín.

Code Pink ha animado a sus simpatizantes a participar en las marchas propalestinas celebradas en el país, ha promovido concentraciones ante el Ministerio de Defensa y ha organizado protestas junto a instalaciones militares. Entre ellas figura la base de la Real Fuerza Aérea de Akrotiri, en Chipre, utilizada para vuelos de vigilancia sobre Gaza.

La organización, que se presenta como un movimiento feminista contrario a la guerra y al «imperialismo», también ha pedido la disolución de la OTAN y el cierre de las bases militares británicas en el extranjero. En una de sus declaraciones llegó a sostener que los dirigentes del Reino Unido habían sido «comprados por el sionismo».

El Congreso señala una red ligada al Partido Comunista Chino

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Smith, aseguró que el dinero y la influencia de Singham no se limitan al territorio estadounidense.

«La investigación del comité deja claro que el dinero y la influencia de Singham no se detienen en las fronteras de Estados Unidos», afirmó Smith. Según el congresista, su financiación estaría respaldando «causas favorables a Hamás y al comunismo» tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

Una fuente del Congreso confirmó al diario británico que la supuesta financiación china de organizaciones izquierdistas británicas forma parte de las pesquisas. El objetivo es determinar si el dinero se utilizó para fomentar campañas destinadas a profundizar las divisiones internas de las democracias occidentales.

Code Pink fue fundada por la activista Jodie Evans, esposa de Singham. Un comité del Congreso norteamericano sostiene que la organización parece haber sido «financiada e influida» por el empresario y por el Gobierno comunista chino.

Las cuentas examinadas muestran que una empresa británica vinculada al grupo recibió más de 250.000 dólares —unas 190.000 libras— en 2020 y 2021 de organizaciones presuntamente integradas en la red de Singham. En 2024 obtuvo otros 94.950 dólares —alrededor de 70.000 libras— de la People’s Support Foundation por unos supuestos «servicios de consultoría».

Del rechazo a Pekín a la defensa de China

Las posiciones públicas de Code Pink sobre China han experimentado un giro sustancial durante los últimos años. Evans criticó en 2015 la «brutal represión» ejercida por Pekín contra las defensoras de los derechos humanos. La organización impulsa ahora una campaña denominada «China no es nuestro enemigo» y acusa a Estados Unidos de conducir al mundo hacia una confrontación peligrosa con el gigante asiático.

Singham mantiene estrechos vínculos con China y comparte una oficina en Shanghái con una empresa relacionada con el Estado cuyo objetivo declarado es divulgar entre los extranjeros «los milagros que China ha creado en el escenario mundial». En 2023 participó además en un encuentro del Partido Comunista Chino dedicado a promover internacionalmente el discurso del régimen, según una investigación de The New York Times.

El empresario, que vendió su compañía tecnológica Thoughtworks por 785 millones de dólares en 2017, ha negado trabajar para el Gobierno chino. Code Pink también rechaza haber recibido dinero del Partido Comunista y califica las acusaciones de falsas.

Los diputados británicos exigen una investigación

Las revelaciones han provocado que diputados laboristas y conservadores reclamen al Gobierno británico que investigue el origen de los fondos. La laborista Sarah Champion pidió a Londres colaborar con Washington para esclarecer los pagos, su influencia y la identidad de sus responsables últimos.

La conservadora Alicia Kearns advirtió de que la amenaza del Partido Comunista Chino «no es abstracta» y acusó a sus posibles intermediarios de organizar grupos que reproducen los discursos de Pekín. También instó al Ejecutivo a emplear la Ley de Seguridad Nacional contra quienes actúen en nombre del régimen sin estar registrados.

La exministra del Interior Priti Patel fue más allá y denunció que el Partido Comunista Chino desarrolla una campaña destinada a sembrar la división y la inestabilidad en Reino Unido, mientras amplía sus actividades de espionaje e influencia.

El Gobierno británico se ha limitado a asegurar que protegerá sus instituciones democráticas frente a las amenazas respaldadas por Estados extranjeros. La investigación deberá aclarar ahora si las protestas respondían únicamente a una movilización política interna o si Pekín encontró en ellas un instrumento para agudizar las fracturas sociales de uno de sus principales adversarios occidentales.