La Unión Europea ha aprobado el Reglamento de Retornos, que permitirá establecer centros en terceros países para inmigrantes sin derecho a permanecer en territorio comunitario y agilizar las expulsiones. El aval definitivo lo ha dado este jueves el Consejo de la UE, integrado por los gobiernos nacionales, con el único voto contrario de España y la abstención de Bélgica. Patriotas por Europa reivindica el resultado como un éxito de la presión ejercida durante las negociaciones.

El grupo europeo, del que forma parte VOX, ya celebró en junio la aprobación del texto en la Eurocámara y defendió que su intervención había contribuido a endurecer las medidas. Su presidente, Jordan Bardella, atribuyó el acuerdo al acercamiento del Partido Popular Europeo a las posiciones de las fuerzas patriotas. La formación destacó el trabajo de sus eurodiputados Marieke Ehlers y Fabrice Leggeri y reclamó que la reforma se traduzca en expulsiones efectivas.

La principal novedad es la posibilidad de trasladar a personas con una decisión de retorno a centros situados fuera de la Unión Europea. Para hacerlo, los Estados miembros tendrán que pactar las condiciones con el país receptor. Los acuerdos deberán respetar los derechos humanos y el principio de no devolución, que impide enviar a alguien a un territorio donde pueda sufrir persecución o tortura. Los menores no acompañados quedan excluidos de estos convenios.

El reglamento también refuerza la obligación de colaborar con las autoridades de quienes carezcan de autorización para permanecer en la UE. La falta de cooperación podrá conllevar recortes de prestaciones, pérdida de incentivos al retorno voluntario y multas. Asimismo, contempla sanciones penales cuando estén previstas en la legislación nacional.

La posición española ha provocado críticas del Partido Popular. En declaraciones a El Confidencial, Alma Ezcurra ha reprochado al Ejecutivo que rechace instrumentos europeos para facilitar las devoluciones mientras reclama más recursos para afrontar la situación de Ceuta. «Sánchez vuelve a ir en dirección contraria a Europa», ha afirmado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, que considera incoherente oponerse a una norma destinada a hacer efectivos los retornos.

La aprobación culmina un procedimiento iniciado con la propuesta presentada por la Comisión Europea en marzo de 2025 y negociado posteriormente por el Consejo y el Parlamento. El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial comunitario: las disposiciones sobre centros en terceros países serán aplicables desde ese momento, mientras que otras medidas dispondrán de un año de preparación.