Najat Vallaud-Belkacem, exministra socialista de Educación con François Hollande y recientemente convertida en consejera del Tribunal de Cuentas, ha sido formalmente reprendida por sus superiores por participar en una ofensiva política a favor de la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Una sanción así es extremadamente rara en Francia.

Vallaud-Belkacem fue nombrada en el Tribunal de Cuentas el verano pasado pese a no contar con experiencia específica en auditoría pública, un puesto tradicionalmente reservado a perfiles técnicos. Su llegada se interpretó como otro ejemplo del peso desproporcionado que la izquierda mantiene en la alta función pública, independientemente de sus resultados electorales.

Sin embargo, ni siquiera esa red interna ha podido blindarla esta vez. Según reveló Le Point, el comité de ética del Tribunal de Cuentas la ha amonestado por vulnerar su deber de discreción tras difundir públicamente —desde su posición oficial— las propuestas de la ONG France Terre d’Asile, que ella misma preside.

La organización presentó un plan migratorio que defiende reducir las órdenes de expulsión y regularizar a 250.000 inmigrantes ilegales, alegando que ello generaría 2.900 millones de euros adicionales al año. Vallaud-Belkacem respaldó estas cifras con la autoridad de su cargo y reclamó «coraje político para reconciliar fraternidad y eficiencia económica».

Para el presidente del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici —también histórico dirigente socialista—, la exministra cruzó una línea roja. Recordó que el organismo «impone un deber de reserva» a sus miembros y que declaraciones de este tipo, en plena batalla parlamentaria por los recortes y el presupuesto, resultan «fuera de lugar».

La izquierda y la prensa afín han intentado presentar las críticas como ataques por «origen» o «género», pero la reprimenda evidencia otra realidad: la narrativa de que la inmigración aporta beneficios automáticos ya no se acepta sin contestación, ni siquiera en los altos despachos tradicionalmente dominados por la izquierda.

Aunque la sanción no pasará de un recordatorio formal, su valor simbólico es inmenso. Es la primera vez que una figura de este nivel —exministra, dirigente socialista y beneficiaria del sistema corporativo del Estado francés— es corregida públicamente por defender como dogma lo que no es más que militancia política: que la inmigración ilegal debe ser aceptada y promovida.