El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes una reforma que flexibiliza las reglas sobre países terceros seguros y los procedimientos de retorno, con el objetivo de agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada. Entre los cambios más relevantes figura que ya no será obligatoria la «conexión» previa entre el inmigrante y el país al que sea devuelto, así como la validación de acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como el modelo impulsado por Italia con Albania.

La reforma salió adelante en Estrasburgo con 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones, pese al rechazo del Gobierno de Sánchez, que cuestionó su eficacia y su compatibilidad con el respeto a los derechos humanos. El texto pretende reducir tiempos y recursos en los retornos, en un contexto de presión migratoria sostenida sobre varios Estados miembros.

En paralelo, la Eurocámara dio luz verde a una segunda reforma para crear la primera lista europea de «países de origen seguros», destinada a acelerar la tramitación y el retorno de solicitantes cuyas peticiones previsiblemente serían rechazadas por considerar que sus países ofrecen condiciones suficientes de seguridad. Con la entrada en vigor de la norma, corresponderá al solicitante demostrar que no debe aplicársele esta presunción por existir riesgo real de persecución o daños graves en caso de devolución.

La lista, de carácter dinámico, incluye inicialmente a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de, «en principio», todos los países candidatos a la adhesión a la UE, como Turquía. Este segundo paquete fue aprobado con 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones.

En el caso de los países candidatos, quedarán excluidos de la lista si concurren circunstancias específicas, como violencia indiscriminada en conflictos armados, una tasa de reconocimiento de asilo superior al 20% para sus nacionales en la UE o la existencia de sanciones por vulneraciones graves de derechos y libertades fundamentales. La Comisión Europea supervisará la situación de los países incluidos y podrá suspender temporalmente o proponer su retirada si cambian las condiciones. En todo caso, los Estados miembros mantendrán la potestad de designar otros países de origen seguros a nivel nacional.

La decisión marca un giro relevante en la política migratoria europea, al priorizar la rapidez en los retornos y la armonización de criterios frente a un sistema de asilo que sigue tensionado por la llegada ilegal de inmigrantes.